La jueza titular del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3, Sonia Martín, decidirá en las próximas horas si los confinamientos forzosos de los 249 jóvenes en el hotel COVID Palma Bellver por el macrobrote son legales.
Tras recibir el informe de la Fiscalía, la jueza Sonia Martín ha solicitado más información al Govern para ratificar o no ratificar la resolución de la Directora General de la Conselleria de Salut Pública i Participació presentada el pasado martes en el Juzgado en relación al confinamiento de los jóvenes en el hotel puente de Ciutat.
La Fiscalía ha pedido que no se ratifique la resolución de la directora general del Govern. El ministerio público sostiene que no se cuestiona que los estudiantes hayan podido mantener contacto con otros positivos, ya sean jóvenes con los que compartieron viaje, momentos de ocio o con trabajadores de los establecimientos hoteleros.
Justificadas
El fiscal apunta que las medidas sanitarias establecidas por la directora general de la Conselleria de Salut del pasado 27 de junio no están justificadas ni son proporcionadas de acuerdo con la legislación vigente. La Fiscalía no cuestiona ni la realidad de la pandemia ni la gravedad de la actual situación.
Lo que cuestiona el ministerio público es «la proporcionalidad de la medida que se solicita» después de que todos los casos, según la propia resolución de la Conselleria, hayan sido «asíntomáticos o leves» y que ninguno haya precisado de hospitalización.
La Fiscalía apunta en un escrito presentado ayer que no consta que en los establecimientos donde se cree que se produjeron los contagios «se alojaran únicamente jóvenes estudiantes». El documento añade que resulta extraño que no se hayan considerado sospechosos o contactos a otros colectivos como los trabajadores de los establecimientos hoteleros o de ocio o los otros clientes que disfrutaban de esos complejos hoteleros y locales.