De los 4.000 estudiantes que se han desplazado a Mallorca desde mediados de junio con motivo de los viajes de estudios organizados por cinco agencias de la Península, quedan un centenar en s'Arenal de Llucmajor, donde se alojan. Hace pocos días que están en la Isla y reconocen no estar tranquilos del todo.
«Llegamos el jueves y este viernes vimos todo lo que estaba ocurriendo. Estamos un poco asustados», reconocía un grupo de Pontevedra. Explicaron que la situación en el hotel en el que se alojan «está controlada y se cumplen las medidas de seguridad». Por contra, nada más salir del establecimiento se les ofrecen fiestas privadas «para nosotros». El jueves por la noche estuvieron en una, en la que «había bastante control», pero todavía dudan si contratar o no la excursión en catamarán.
Más claro lo tuvo un grupo de Madrid. Llegaron hace pocos días y están preocupados, al igual que sus padres, según explicaron. Pese a tener pagada la excursión en catamarán, de unos 20 euros, decidieron no ir. En todo caso, explicaron que estos días, las fiestas y excursiones «se organizan con menos gente y más control». Llegaron en ferry desde Valencia y pese a contar con una prueba de COVID, no se la solicitaron. Por iniciativa propia, se realizarán otra al regresar a Madrid.
Un grupo de Granada, que llegó hace dos días, ha decidido no asistir a ninguna fiesta. «Salimos a la calle y vemos a mucha gente sin mascarilla», reconocieron sorprendidos. Explicaron que el motivo de su viaje es ir a la playa y descansar, pero reconocen que no es algo mayoritario entre los estudiantes. «Vemos y sabemos de muchos que no se comportan», indicaron.
La Policía Local de Llucmajor intensificó la vigilancia desde principios de semana, algo en lo que los tres grupos coincidieron en señalar. «No podemos hacer botellones, vemos a mucha policía», dijeron. Aunque no fue así en semanas anteriores, por el testimonio de padres y alumnos que estuvieron hace dos semanas. El portavoz del Govern, Iago Negueruela, señaló precisamente a la Policía Local, competente en orden público.
El Govern ha pedido al Gobierno que emprenda acciones legales contra las agencias que han organizado las actividades que incumplen las normas.