La Oficina Anticorrupció derivó el caso del IES Arxiduc a la Fiscalía al constatar que la directora habría falsificado un certificado para impedir al secretario del centro acceder a las cuentas corrientes del centro. El informe del organismo dependiente del Parlament apunta a la posible comisión de dos delitos por parte de la docente: prevaricación y falsedad «al certificar el 14 de junio de 2019 que el equipo directivo del IES Arxiduc ha sido modificado partir del 14 de junio, cuando ese cambio no se produjo hasta el día 30 de ese mes».
El informe de Anticorrupció se inició a partir de la denuncia de un particular y se centra en todo lo que rodeó al cese del secretario del instituto hace dos años. La directora puso en marcha un primer procedimiento sin cumplir con los trámites administrativos obligatorios que tuvo que ser anulado de plano y luego corregido con un segundo expediente.
Ese primer proceso abortado incluyó una convocatoria irregular del consejo escolar del centro que tuvo que ser anulada por la Inspección Educativa. Antes de esa cita, la directora ya había comunicado de forma verbal el cese y requerido al secretario para que entregara las llaves y dejara su puesto.
Consejo escolar nulo
De acuerdo con este informe, tras el primer patinazo con el consejo escolar, fue cuando un inspector que también está investigado en el juzgado, asesoró de forma verbal a la directora. Así se puso en marcha otro consejo escolar y un nuevo procedimiento que Anticorrupció da por bueno.
En el procedimiento administrativo, la directora, Margarita Ramis Barceló, argumentaba que cesó al secretario tras una serie de problemas con su gestión y porque consideraba que era lo mejor para el centro. Admitió en sus alegaciones que se equivocó en el primer procedimiento administrativo, pero defendió el resto de su actuación.
«Reconozco que me equivoqué en aspectos procedimentales y lo reconocí desde el principio y rectifiqué automáticamente declarando nula la convocatoria del consejo escolar extraordinario a distancia que convoqué. Aquí terminó este procedimiento, con la nulidad total que apliqué inmediatamente», afirma. Además, carga contra el secretario, al que acusa de «construir un escenario ficticio en el que su proceso de cese no se produjo».
Anticorrupció le reprocha que no hiciera ningún tipo de expediente disciplinario si los problemas fueron graves. Con todo, centra los posibles delitos en el certificado que envió a la entidad bancaria para revocar los permisos. Considera que se produce un «injustificado abuso de poder» y una actuación arbitraria. «La petición de la directora basada en el certificado falso causó efectos inmediatos, ya que el banco procedió a modificar los apoderamientos eliminando al secretario».
Fiscalía denuncia
Ante la presencia de indicios de delito, la Oficina Anticorrupció decidió archivar la causa administrativa y enviar el expediente a la Fiscalía. En mayo, el ministerio público decidió presentar una denuncia en los juzgados por delitos de coacciones, prevaricación y falsedad en documento público y extendía las acciones penales contra el inspector de educación que intervino en el procedimiento.
Según la Fiscalía, «asesorada por el inspector impidió al secretario el ejercicio de sus funciones, para lo cual remitió certificación a la entidad bancaria comunicando el cese, hecho inveraz con la finalidad de privar al primero del acceso a las cuentas del centro». Mantiene en la acusación el fallido consejo escolar que se desconoce si se llegó a celebrar y que se anuló porque, en su convocatoria, no estaba la firma del secretario afectado.
La Conselleria d'Educació rechazó ayer realizar comentarios sobre este caso, una vez que el asunto está judicializado. La directoral y el inspector investigados tienen que declarar a finales de este mes en el juzgado de Instrucción encargado de la causa en el primer trámite que se ha fijado en la investigación.