«No digamos a la gente que su casa está en peligro», ha reclamado la presidenta del Govern, Francina Armengol, para negar que los okupas se estén apoderando de primeras o segundas residencias de familias. «Basta de meter miedo a la ciudadanía», ha enfatizado.
Armengol ha respondido así en el pleno del Parlament a una pregunta del diputado de El Pi Josep Melià, para quien la normativa estatal que dificulta el desahucio de inmuebles okupados representa una «comprensión y justificación de una práctica delictiva».
A juicio de Melià, «existe una enorme alarma social» por la ocupación ilegal de viviendas y es necesario que el Govern se pronuncie de forma tajante en defensa de los propietarios, que deben tener garantías de que un inmueble okupado sea desalojado en menos de 48 horas.
Armengol ha subrayado que el Govern defiende la legalidad y ha expresado su comprensión con la normativa que impide desahucios de personas vulnerables que han okupado viviendas vacías propiedad de grandes tenedores.
La presidenta ha enfatizado en que cuando alguien usurpa el uso de una vivienda habitual o una segunda residencia de un particular, la Policía o la Guardia Civil ejecutan el desalojo de inmediato.