El juicio en la Audiencia Nacional por el ‘caso Sa Nostra' entra en su recta final: todas las acusaciones y todas las defensas presentaron ayer sus conclusiones definitivas y nadie se mueve un milímetro. La fiscal sostiene que la operación de Son Bordoy supuso delitos de administración desleal y de apropiación indebida y mantiene sus peticiones de cuatro años de cárcel para los ex directores generales de la entidad Pere Batle y Pau Dols. También mantiene los cargos contra los otros dos acusados: el ex director general de Invernostra y un ejecutivo de las empresas del empresario fallecido Martín Gual.
Junto al ministerio público, tampoco mueven ficha el resto de acusaciones. El único cambio tras una decena de sesiones del juicio es que Bankia ha sido sustituida por La Caixa. Las defensas tampoco se han movido y reclaman la libre absolución de todos los acusados. Al juicio le quedan dos días más, a mediados de este mes para los informes .
El resto de la sesión de ayer fue otra vuelta de tuerca al tamaño del supuesto agujero que la operación de Son Bordoy dejó en Sa Nostra. Los expertos de la Agencia Tributaria que comparecieron lo estiman en 63 millones y aseguraron que Gual destinó para financiar su grupo el dinero que recibió de Sa Nostra en lugar de emplearlo para la urbanización de la finca. Según ellos el dinero fluía entre las distintas empresas del grupo con «alegría». Frente a ellos, dos peritos aportados por la defensa dicen lo contrario, que la operación funcionó bien hasta que Sa Nostra fue absorbida por BMN.
La Fiscalía sostiene que se desviaron fondos de la caja a Martín Gual en la operación para que éste se hiciera con las fincas de Son Bordoy, Son Morlà y Son Morlanet y con la compra por parte de la caja de las participaciones del empresario en dos sociedades conjuntas.