Amnistía Internacional, Medicusmundi, Médicos del Mundo y OxfamIntermon son las organizaciones en Baleares que se han sumado a una campaña mundial que pide a los gobiernos y farmacéuticas liberar de patentes las vacunas contra la COVID-19. Entienden que es un problema de salud universal y denuncian que no lleguen a todos los países por igual.
La iniciativa promueve mociones en los ayuntamientos del país. Hasta ahora, se han adherido 26 comunidades y durante estos días se presentará en los 67 municipios de Balears. «El virus afecta a todo el mundo por igual pero a la vacuna no se accede de forma universal, su reparto no es equitativo entre los países del norte y del sur», explica la coordinadora de Médicos del Mundo en Baleares, Belén Matesanz.
De hecho, en África solo se ha repartido un 1 % de las vacunas, según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud y que recoge Amnistía Internacional. La iniciativa propone que las farmacéuticas renuncien temporalmente a los derechos de propiedad intelectual para el reparto justo de las vacunas contra la COVID-19 en todos los territorios del mundo. Hay numerosos pactos internacionales para movilizar la liberación de las patentes «porque este virus nos ha demostrado que afecta a todos por igual. La investigación científica es un bien público para la humanidad y debe ser universal», destaca Matesanz.
Iniciativa
La campaña mundial #UnPinchazoJusto es una iniciativa promovida por varios países de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que proponen eximir los derechos de las vacunas de forma temporal. Las organizaciones nacionales que suscriben esta iniciativa han solicitado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adherirse a esta petición. De hecho, diversos partidos políticos han cambiado su posición al respecto tras conocer que Estados Unidos apoya la suspensión en una carta firmada por más de 170 jefes del estado y premios Nobel y en la que instan su exención por motivos de emergencia humanitaria global.
Los países de la OMC piden que se autorice a los territorios a producir estas vacunas «y que las empresas farmacéuticas compartan su investigación a fin de que se agilice la inoculación», señalan desde Amnistía. Exponen que de los casi 200 países que han comenzado a vacunar, más del 87 % han acabado en territorios enriquecidos.