Los juzgados de lo Mercantil de Palma han aprobado un procedimiento novedoso para intentar evitar el cierre de negocios viables en una situación de insolvencia puntual. El acuerdo, que ya ha sido ratificado por la Sala de Gobierno del TSJIB establece una serie de mecanismos previos a la declaración en concurso de una empresa para poder facilitar que se venda antes de pasar por todo ese procedimiento judicial, que aboca al cierre del 90 por ciento de mercantiles que pasan por él.
La intención, según el acuerdo, es «maximizar el precio de venta de los bienes de las empresas insolventes y evitar la destrucción del tejido empresarial». Los magistrados defienden que este mecanismo de pre pack puede «salvar la actividad de muchas empresas en la actual coyuntura de crisis económica».
El protocolo marca que, antes de la declaración de concurso, la empresa pueda acudir al juzgado que le remitirá a un experto para intentar tramitar una venta exprés de las unidades de producción. En la práctica, una vez que se ha declarado el concurso, los bienes de la sociedad se deprecian mucho, los trabajadores se ven abocados al despido y, por la duración del proceso, se complica que se pueda recuperar esa actividad empresarial, aún siendo viable. La juez decana de Palma, Sonia Vidal, explica que puede ser un mecanismo especialmente útil para empresas afectadas por la actual crisis pero que tienen un negocio que, una vez superada la pandemia, será rentable, como establecimientos hoteleros, restaurantes o bares. «Quien los tiene ahora mismo quizá no pueda aguantar la situación, pero a lo mejor una empresa más fuerte puede resistir más y permitiría que se acudiera a un juzgado con la venta cerrada. Se salvarán más puestos de trabajo que con el concurso de acreedores», explica.
Durante todo el proceso, la empresa en crisis cuenta con supervisión judicial y de un experto nombrado por el juzgado que más tarde se convertirá en el administrador concursal. Así, permite que se negocie antes en lugar de verse abocado a una venta posterior más traumática, como muestra el reciente caso de Majorica.
El grupo se puede quebrar
Ahora mismo está en vigor una moratoria concursal que evita peticiones de concursos forzosos y que aplaza hasta finales de este año la obligación de declararlos voluntarios. La extensión de este mecanismo durante más de un año ha hecho debilitarse el temor a una oleada de concursos forzosos, ya que las sociedades más afectadas por la crisis prácticamente están ya descapitalizadas sin mucha alternativa para los acreedores.
El nuevo mecanismo, que sigue directivas europeas y que se ha implantado ya de forma experimental en ciudades como Madrid o Barcelona, intenta rescatar esas líneas de negocio cuando aún son viables.