Fanny Alba (Palma, 1969) se convirtió en la primera mujer al frente de la patronal de construcción en julio del año pasado. Aunque fue elegida presidenta en enero de 2020, la irrupción de la pandemia retrasó su toma de posesión. Hace veinte años que está vinculada al sector a través de la empresa familiar y desde hace quince es consejera delegada.
¿Qué supone para usted convertirse en la primera mujer en liderar la patronal de la construcción, sector donde predominan los hombres?
— Para mí es un gran honor y quiero agradecer a todas las empresas y personas que han confiado en mí para este puesto. Además, es un gran reto. Quiero destacar que ya hay muchas mujeres directivas en empresas de construcción, así como en los niveles intermedios, donde siempre ha habido presencia femenina. Asimismo, en los últimos años se ven más mujeres en las obras, como maquinistas, electricistas o fontaneras. En los FP de Construcción hay alumnas.
¿Hay reticencia a contratar mujeres en este sector?
— Diría que no. Hay alumnas de FP que están de prácticas en empresas asociadas y todos los alumnos de estos cursos salen con trabajo. La construcción es un sector en el que la mujer tiene cabida y lo vamos a fomentar.
Ha entrado a presidir la patronal en un momento de crisis sin precedentes, ¿cómo ha afectado a la construcción en Baleares?
— El primer año fue muy difícil, sobre todo por la incertidumbre que había. Se nos consideró sector esencial y esto ha permitido impulsar la actividad económica y la ocupación. También el Govern aprobó un decreto que facilitó hacer obras durante el verano pasado, lo que nos permitió no parar. Aún así, la inversión cayó un 23 % en 2020 en comparación con el año anterior. De todos modos, estamos viendo como en este primer trimestre se están reactivando proyectos que se paralizaron debido a la COVID-19.
¿Qué tipos de proyectos son?
— Se trata de plurifamiliares promovidos por fondos de inversión y de unifamiliares de alto standing. La obra de vivienda que se construye está destinada a segmentos de población de alto poder adquisitivo. Por contra, las inversiones turísticas están paradas, aunque hay algunos proyectos de gran calado, como la reforma del hotel Formentor.
¿Se puede decir, entonces, que el sector está resistiendo a la crisis?
— No se puede generalizar porque hay muchas empresas de diferentes tamaños y dedicadas a distintos segmentos. Las que están enfocadas a reformas hoteleras y a obra pública lo pasan mal. En cambio, las que trabajan en obra nueva de alta gama, tienen trabajo. También han aumentado las pequeñas reformas, lo que ha aliviado a muchas pequeñas empresas.
¿Qué problemas tiene el sector en estos momentos?
— Son los de siempre y uno de los que más nos preocupa son los retrasos en la concesión de licencias de obra. Se tarda, de media, 18 meses, cuando la ley lo estipula en un máximo de tres. Es muy necesario que se agilice por parte de la Administración ya que supondrá trabajo inmediato para muchas empresas. No nos paraliza la COVID-19, sino la tramitación burocrática. Nos preocupa, además, que la priorización de los proyectos de fondos europeos, retrase aún más el resto. Nos parece bien que se les dé prioridad, pero se debería dotar de más medios y personal para no perjudicar al resto.
También echan en falta mano de obra cualificada...
— Así es. Por este motivo animamos a los y las jóvenes a formarse en los cursos de FP de construcción de recién implantación. Hay un importante camino a recorrer y muchas tareas a desarrollar tanto en obra nueva como en rehabilitación.
El acceso a la vivienda asequible se ha convertido en un problema endémica en Baleares. ¿Tiene solución?
— Sí que la tiene, pero hace falta voluntad política. Las medidas tomadas hasta el momento no han surgido efecto. El decreto 9/2020 que desclasificó terrenos urbanizables no hará más que encarecer aún más el suelo urbano, que ya es el más alto de España y, por tanto, el precio de la vivienda. Tampoco ayudará el decreto 4/2021 con obligaciones a los grandes tenedores, que afecta sobre todo a los bancos. Las entidades financieras no van a perder y endurecerán los requisitos a la hora de conceder hipotecas, lo que dificultará más el acceso a la vivienda a la clase media.
¿Qué medidas proponen?
— Hace tiempo que reivindicamos políticas a largo plazo y con un amplio consenso político. Reclamamos planeamientos urbanísticos que pongan a disposición de los constructores suelo urbanizable para optimizarlo al máximo. No queremos consumir más territorio, somos conscientes que es limitado y hay que preservarlos. Sin embargo, sí que se pueden revisar las normativas para crecer en altura y aprovechar y adecuar el espacio a la demanda actual.
¿Han bajado los precios con la pandemia?
— No, y la demanda sigue existiendo. Si sigue esta tendencia, los precios seguirán al alza.
En los últimos años se ha avanzado en la mejora de la siniestralidad laboral, ¿cómo abordan esta cuestión?
— Es un tema que me preocupa mucho y desde su creación presido la comisión de salud de la patronal. Tiene que haber concienciación, responsabilidad y poner a disposición de los trabajadores los medios adecuados, que deben usarlos de forma correcta. El índice de siniestralidad en la construcción bajó un 16,4 % en 2020. Avanzamos en la buena dirección y trabajamos para ello de forma conjunta con Govern y sindicatos y a través de la Fundación Laboral de la Construcción.