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Pandemia de coronavirus

Vox recurrirá el decreto del Govern que mantiene el toque de queda después del estado de alarma

Jorge Campos en el pleno del Parlament balear. | Jaume Morey

| Palma |

El portavoz de Vox en el Parlament balear, Jorge Campos, ha anunciado este miércoles que su partido recurrirá el decreto de medidas del Govern para después del 9 de mayo, cuando haya decaído el estado de alarma, que entre otras cuestiones mantiene el toque de queda en la Comunidad.

En un comunicado, Vox ha calificado el texto legal de «decretazo» y ha llamado a la presidenta del Govern, Francina Armengol, «la Maduro balear», en referencia al presidente venezolano.

Vox ha recordado que el decreto ha sido autorizado por un Tribunal Superior de Justicia «dividido», ya que dos de los cinco magistrados han emitido votos particulares.

«No existe ninguna justificación sanitaria que avale el decreto e imponga el toque de queda más allá del estado de alarma. No tiene ni pies ni cabeza. Armengol pisotea derechos y libertades además de arruinar las Islas. Quiere que no salgamos por la noche y decirnos cómo tenemos que vivir», ha protestado Campos.

El partido ha informado de que sus servicios jurídicos estudian tanto el auto del TSJIB como el decreto para «decidir la correcta vía judicial para recurrir con éxito».

Las medidas del Govern que ha autorizado el TSJIB abarcan del 9 al 23 de mayo y contemplan el toque de queda entre las 23.00 y las 06.00 horas; controles para la entrada en la Comunidad -sanitario y sobre el motivo del desplazamiento-; limitaciones del número de participantes en encuentros sociales; y restricciones en lugares de culto.

La Fiscalía de Baleares se opuso a prolongar el toque de queda y limitar las reuniones privadas al finalizar el estado de alarma este domingo. Entiende que estas medidas vulnerarían derechos fundamentales que no se pueden limitar sin el paraguas legal del estado de alarma.

En cambio, la Fiscalía no se opone al aforo establecido para bares y restaurantes, ni tampoco a los límites de la reuniones en espacios públicos -pero sí privados, al entender que afecta al derecho de reunión, a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio-.

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