El Govern ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) poder aplicar todas las restricciones que ahora están en vigor con el estado de alarma, en especial el mantenimiento del toque de queda, algo a lo que se oponía la Fiscalía. En el requerimiento presentado a la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal se solicitaba lo siguiente:
Toque de queda: El Govern quiere poder prorrogar la limitación a la libertad de circulación de las personas en horario nocturno en la franja comprendida entre las 22.00 y las 07.00 horas con la posibilidad de modular este horario como sucede ahora con el toque de queda fijado entre las 23.00 y las 06.00 horas, como sucede ahora.
PCR a la entrada de Baleares: La presidenta del Govern pide poder mantener limitaciones a la entrada de ciudadanos a Baleares por puertos y aeropuertos, con la obligación de que todos los pasajeros que lleguen presenten una prueba PCR o un test negativo. La presidenta solicita poder mantener la opción de aprobar un cierre perimetral de toda la Comunitat en caso de necesidad salvo para los desplazamientos debidamente justificados.
Limitación de las reuniones sociales: Francina Armengol ha pedido además permiso para mantener las limitaciones en las reuniones sociales, que ahora mismo es de un máximo de seis personas en los espacios privados, salvo que se trate de convivientes. El Govern pide tener la facultad para ampliar este número de personas en función de los indicadores sanitarios, epidemiológicos, sociales, económicos y de movilidad.
Limitaciones al culto: Una de las peticiones de Armengol es poder mantener las limitaciones a la asistencia a lugares de culto, en un momento especialmente delicado ya que se celebra el Ramadán, con reuniones cuando finaliza el ayuno. El Govern pide poder limitar los aforos por razones sanitarias o epidemiológicas.
Lo que el Govern solicita, en definitiva, es prorrogar las restricciones vigentes desde que se aprobó el estado de alarma. Todas estas restricciones afectan a derechos fundamentales de las personas por lo que, sin el paraguas jurídico del estado de alarma, necesitan el visto bueno de los tribunales. El Ejecutivo ha enviado este lunes la consulta al Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears y la Fiscalía ya ha contestado que, de momento, se opone al estado de alarma.
En paralelo el Govern trabaja en el mantenimiento de otras restricciones que sí son de su competencia, como el cierre parcial de la hostelería, sobre el que en principio no se esperan novedades en Mallorca. El Ejecutivo de Francina Armengol mantiene la facultad de aprobar cierres perimetrales por zonas, pero no en la totalidad de la Comunitat Autònoma.
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