La Audiencia Nacional comienza a juzgar esta mañana el final de Sa Nostra. En el banquillo de los acusados se sentarán dos ex directores generales de la entidad: Pere Batle y Pau Dols, junto a otro directivo, Rafael Oliver, y un ejecutivo del Grupo Martín Gual. La Fiscalía reclama una condena de cuatro años de cárcel para los tres primeros y de dos años y medio para el cuarto. Bankia les exige el pago de 125 millones de euros por un supuesto agujero en la financiación que la caja entonces dio al Grupo Martín Gual en lo que, le ministerio público, señala que fue una maniobra para ocultar el deterioro real de Sa Nostra.
Este es el primero de los dos juicios que tiene previstos la Audiencia Nacional con los mismos protagonistas. El relato de hechos de las acusaciones se ciñe a la relación entre Sa Nostra y las empresas del difunto Martín Gual. Según el ministerio público, entre los años 2005 y 2010 llevaron a cabo una serie de negocios inmobiliarios en común a través de sociedades participadas por la caja. La situación cambia a raíz de la crisis económica y, en 2008, según Fiscalía, los directores generales «se concertaron con Martín Gual para que este se colocase en el lugar de sociedades endeudadas con Sa Nostra». Señala: «El objetivo era mantener oculto ante terceros el progresivo deterioro patrimonial de la caja».
Así se fraguaron una serie de créditos a Gual para financiar operaciones inmobiliarias en Palma: Son Bordoy, Son Morlà y Son Morlanet. Las acusaciones sostienen que esa financiación, otorgada a través de la filial de Sa Nostra, Invernostra, fue irregular. «Incluyeron incumplimiento de las obligaciones relativas a evaluación del riesgo, desatendiendo a informes de analistas de riesgos». Así, se les acusa de un delito de apropiación indebida.
Los antiguos directivos de la caja negarán cualquier tipo de delito. Sus defensas preparan para hoy una batería de cuestiones previas, entre ellas la prescripción de la causa. Los antiguos directores generales también negarán haber creado un agujero financiero para la caja, toda vez que los terrenos todavía están disponibles y pasaron de sociedad en sociedad a medida que se produjeron las sucesivos procesos de reordenación bancaria. Sa Nostra pasó primero a BMN que fue absorbida por Bankia ahora engullida por CaixaBank.
Las acusaciones discrepan también en gran medida sobre la magnitud del agujero económico. El FROB lo fija en 64 millones de euros; el Banco de España, en 48 y Bankia lo elevó en su momento a 125 millones.
En las sesiones de este martes y este miércoles están previstas las cuestiones previas y las declaraciones de los cuatro acusados. La Sección Tercera de la Audiencia Nacional retomará las sesiones en mayo y es entonces cuando desfilarán por el juicio hasta nueve expertos diferentes. El segundo juicio aún no tiene fecha fijada para su celebración.