Fesp UGT Administración General del Estado ha hecho entrega a la Delegación del Gobierno en Baleares de más de 400 firmas para denunciar las dificultades derivadas de la insularidad, en una iniciativa «para evitar que colapsen los servicios públicos».
El sindicato ha presentado las 400 firmas del propio personal de la AGE, pidiendo de forma urgente las gestiones posibles para solventar la situación que genera la insularidad y ofreciendo su apoyo en la búsqueda e implementación de las medidas necesarias, ha informado en un comunicado.
Denuncian la insuficiente cobertura de los puestos de trabajo, falta de medios materiales, sobrecarga de trabajo y que todo ello hace imposible proporcionar a la ciudadanía servicios públicos de calidad, lo que provoca estrés, cansancio y frustración.
También denuncian que no se indemniza correctamente el alto coste de vida y vivienda en Baleares, ni los problemas derivados de la insularidad, por lo que la calidad de vida de los trabajadores públicos es inferior a la del conjunto de personal al servicio de la AGE en todo el país.
UGT explica que esta situación hace que no se cubran los puestos de trabajo en Baleares. Estas reivindicaciones ya se habían dado a conocer a Delegación del Gobierno el pasado enero, en un escrito donde el personal de la Oficina de Extranjería expresaba dichas quejas.
El sindicato considera que la situación que se denunció entonces es aplicable en mayor o menor medida a toda la administración general del estado en Baleares. «Podemos asegurar que las 400 personas que han conocido el escrito lo han apoyado, y estamos convencidos de que el 100% de la plantilla también lo hubiera hecho», asegura FeSPUGT AGE.
Advierten de que, si no se resuelve la falta de medios materiales y humanos, «el colapso de los Servicios Públicos, desde Extranjería a Sanidad Exterior o desde las Entidades Gestoras de la Seguridad Social al servicio de expedición del DNI, está garantizado».
El sindicato critica la falta de respuesta a un problema que ha sido reconocido por todas las fuerzas políticas y por todos los gestores de la AGE, algo que genera «frustración del personal a su servicio y la pérdida de confianza en los gestores políticos y en la capacidad de acción de los representantes sindicales».
Advierten de que «esto se traduce en el abrazo a postulados populistas tanto a nivel político como sindical» con «un funesto impacto para el conjunto de la sociedad».