El número de menores bajo la tutela o guarda del Institut Mallorquí d'Afers Socials (IMAS), del Consell de Mallorca, se sitúa en los 851 niños y adolescentes. Son los últimos datos que ha facilitado la dirección insular de Menores y Familia, que, si se compara con los de 2018, suponen 200 menores menos a cargo de la Administración. De éstos, 338 están en centros de acogida –más de la mitad son mayores de 12 años– mientras que 476 están en acogimiento familiar a través de alguno de los tres programas (Canguro, Niu y familia propia). El trabajo comunitario y los programas de prevención, conjuntamente con las familias, hace que el IMAS se haya marcado como objetivo reducir, de cada vez más, esta cantidad.
La comunidad balear ha sido una de las primeras en incluir, desde el mes de abril, el referente de victimización sexual, «una figura que supervise y controle que no haya situaciones de maltrato infantil o abusos», en cada uno de los 30 centros de acogida de la institución, como destaca la directora de Menores y Familia del IMAS, María Ángeles Fernández. Para ello recuerda que los referentes se han formado específicamente para la detección de los casos.
Ley de la infancia
El Congreso dio este jueves luz verde a una ley pionera en la protección de los niños y adolescentes frente a la violencia. La noticia llega de forma «muy positiva» a las asociaciones, organizaciones e instituciones de Baleares que llevan años luchando contra los abusos a menores. María Ángeles Fernández analiza los «avances tan grandes» que se recogen en la norma, como que el plazo de preinscripción de los delitos más graves empezará a contabilizarse una vez que la víctima haya cumplido los 35 años, y no los 18 años como hasta ahora, para evitar espacios de impunidad.
Desde la Fundación Rana, la educadora social Patricia Raduán remarca que «es un gran avance ampliar los plazos porque sabemos el silencio que envuelve los abuso sexuales y la dificultad que hay de revelación y denuncia». Fernández destaca también la asistencia jurídica gratuita, «que un menor, si es víctima de abuso sexual, tendrá derecho a solicitar».
La formación continuada de todos los profesionales, tanto en educación, ocio o salud, la no victimización secundaria –que los menores de 14 años solo deban declarar una vez para que las pruebas sean válidas– o nuevos tipos de delitos, son otros de los avances que señala Fernández. En la línea, las asociaciones y organizaciones valoran el carácter integral del proyecto de ley orgánica que «permitirá más adecuación de los niños en nuestro país», señala la presidenta de UNICEF en Baleares, Mercedes del Pozo, y recuerda que esta ley «llega 10 años después de que el Comité de Derechos del Niño recomendara a España elaborar una ley integral para la erradicación de la violencia contra la infancia».
Autoridad judicial
En contraposición, entidades y organismos se muestran preocupados porque la ley no contemple «un cambio esencial», que es «que sea una autoridad jurídica quien declare los desamparos». El presidente de la Asociación para la Defensa del Menor, Francisco Cárdenas, defiende el requisito de que las intervenciones de quitar la tutela de un menor a una familia sea un juez, «y no un técnico de la Administración».
En consonancia, Del Pozo matiza la necesidad de crear juzgados especializados. «Las tutelas es un tema que nos preocupa. Unicef había solicitado una mayor presencia de supervisión por parte del Ministerio Fiscal», y añade: «Dotar de autoridad a los servicios sociales puede producir una indefensión añadida a las familias».
Desde Rana reconocen que la futura ley de la infancia, a falta de pasar por el Senado, es «integral que pone sobre la mesa aspectos que tienen que ver con al sensibilización, la prevención, detección o recuperación».
Una ley que mira hacia los niños más vulnerables, los menores abusados
La directora de Menores y Familia del IMAS, María Ángeles Fernández, señala que la ley de protección de niños y niñas adolescentes, conocida también como ‘Ley Rhodes', pone el foco, sobre todo, en «los más vulnerables, que son los niños abusados, que se da en un mayor porcentaje en contextos familiares». En esta línea, recuerda que la propuesta de ley orgánica refleja que la sociedad «tendrá la obligación de denunciar o poner en conocimiento de los cuerpos de seguridad una supuesta sospecha de abuso sexual».