El Govern se planta ante la Oficina Anticorrupció y se niega a darle el listado con los nombres de los altos cargos del IB-Salut y de otras administraciones que se vacunaron supuestamente antes de tiempo. Los responsables del IB-Salut han presentado un recurso a la petición de documentación solicitada por el director de la Oficina, Jaime Far, al entender que se está pidiendo información «especialmente sensible» que afecta a datos personales de unos 130.000 ciudadanos.
La Oficina decidió abrir una investigación sobre el proceso de vacunación para determinar si se ha vulnerado alguna norma. La investigación se inició a raíz de una denuncia del PP, que considera que, además de incumplir el código ético del Govern, se ha podido producir algún tipo de delito, incluida la apropiación indebida ya que las vacunas están financiadas con fondos públicos.
Petición del PP
Far inició la investigación y presentó al Govern una petición de documentación que no recibirá, al menos por ahora. En su petición solicitó información exhaustiva con nombres, apellidos y DNI de todos los vacunados entre el 26 de diciembre y el 2 de marzo.
Pedía además dónde se llevó a cabo la vacunación, el listado de personas que inicialmente debían vacunarse y las que finalmente lo hicieron, los viales usados, retornados y rechazados, la identificación del grupo al que le corresponde vacunarse, día y hora de administración de las dosis y código numérico del vial. La petición implica dar datos de unas 130.000 personas de toda Balears.
En su recurso, el Govern precisa que toda esta información está dentro de la categoría de datos personales esenciales. La ley marca que solo pueden darse por razón de interés público esencial, de una manera proporcionada al objetivo que se persigue y respetando el esencial derecho a la protección de datos.
No es proporcional
El Govern considera que la petición no es proporcional y, por lo tanto no es conforme a derecho. Cree que el procedimiento abierto por Anticorrupció supone una investigación a todo el proceso de vacunación y le recuerda que la Oficina puede investigar casos concretos, pero que el Tribunal Supremo tiene amplia jurisprudencia que prohíbe las investigaciones prospectivas, como es el caso.
El Ejecutivo considera, además, que el requerimiento de Anticorrupció vulnera el artículo 24 de la Constitución que señala que todos investigado tiene derecho a saber de qué se le investiga. Por eso pide a Anticorrupció que concrete en qué consiste exactamente su investigación, algo de lo que no se ha dado cuenta al IB-Salut, y que afine la petición de los datos que necesita realmente para analizar los hechos.