Debate social por la nueva ley que obliga al uso obligatorio de la mascarilla en playas y piscinas, independientemente de la distancia interpersonal que pueda existir. Hasta ahora la normativa estatal obligaba el uso de cubrebocas al aire libre sólo cuando la distancia entre personas era inferior a un metro y medio. El Gobierno ha asegurado que la restricción está «desfasada» y podría ser «matizada», por este motivo Baleares y el resto de comunidades valorarán en el Consejo Interterritorial de Salud su modulación de cara al próximo verano.
La conselleria de Salut, Patricia Gómez, ha afirmado en rueda de prensa que Baleares tenía otra «interpretación» del uso de mascarillas en playas y piscinas. Aún así, ha insistido en que «es una ley y hay que cumplirla».
Gómez ha explicado que en las Islas se consideraba indispensable el uso de cubrebocas cuando se trata de una reunión social en playas, sin embargo, ha explicado que cuando una persona iba sola a tomar el sol y bañarse no lo habían encontrado necesario hasta el momento. «Después de un año de pandemia, lo ideal sería que todos supiéramos lo que tenemos que hacer», ha asegurado.
La consellera ha reconocido que el Govern desconocía que se iba a introducir esta medida. «Si soy sincera, no lo sabíamos», ha dicho la consellera, que ha remarcado que el decreto ley aprobado en junio no contenía esta obligación, pero en el Senado se ha ratificado el texto con enmiendas. En este sentido, ha aclarado que la ley «es de obligado cumplimiento» y «no tiene opción a opinión».
Por su parte, la ministra portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha anunciado que en el Consejo Interterritorial de Salud repasarán los preceptos de la norma por si fuera necesario matizar alguno de ellos. Así lo ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de este martes, en la que ha insistido en que el decreto ley, que posteriormente ha sido tramitado y aprobado como proyecto de ley, se promulgó antes del verano para dar cobertura judicial a la desescalada. «La pandemia ha sido un aprendizaje conjunto», destacó la portavoz en reconocer que «hay un desfase entre la norma y la realidad».
La norma entrará en vigor este martes y su incumplimiento podría suponer una multa de 100 euros.