El Pleno del Congreso de los Diputados ha mostrado su apoyo, aunque con una elevada abstención, a la convalidación del real decreto por el que se crea un paquete de ayudas de 11.000 millones de euros para empresas.
El decreto ha sido convalidado con 177 votos a favor, 59 en contra y 113 abstenciones y será tramitado como proyecto de ley con el apoyo de prácticamente toda la Cámara. Los grupos se han posicionado en sus intervenciones, dando su apoyo PSOE, Podemos, ERC, UPN y Coalición Canarias; con los votos en contra de VOX, JxCat y Foro Asturias; y las abstenciones del PP, Cs, PdeCat, PNV, BNG, CUP y EH bildu.
En general, la oposición ha mostrado su disconformidad con el decreto por considerar las ayudas «insuficientes», principalmente porque sólo podrán beneficiarse empresas pertenecientes a 95 sectores de actividad y dejará fuera a sectores como peluquerías, autoescuelas o tiendas de 'souvenirs'.
Polémica en Baleares
La aprobación de estas ayudas ha suscitado mucha polémica en Baleares, ya que el Govern ha sido muy crítico con el PP, que finalmente se ha abstenido. El presidente del PP balear, Biel Company, llamó a Pablo Casado para pedirle que se abstuviese para permitir que saliesen adelante estas ayudas.
En este sentido, Company ha recordado que Casado pedía 50.000 millones de euros en ayudas y no 11.000, así como que se incluyesen a todos los sectores afectados por la pandemia. Además, ha asegurado que el Gobierno se daba por satisfecho con la abstención de los populares, ya que facilitaba la aprobación de estas ayudas más que un voto en contra.
Sin embargo, el PSIB ha calificado de «traición» la abstención del PP. El diputado socialista en el Congreso, Pere Joan Pons, ha criticado que «el PP se desentiende una vez más de la reactivación económica y social de nuestras Islas», con una abstención que «muestra la verdadera cara del PP de Baleares, cada día más entregado a la deriva de Pablo Casado».
Defensa de las ayudas
Por su parte, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, ha defendido este fondo de ayudas porque, tras el daño «significativo» causado por la pandemia, «tenemos por delante semanas complicadas y hay que seguir ayudando a trabajadores, empresas y autónomos».
La mayor parte de este paquete de ayudas, 7.000 millones de euros, serán ayudas directas a pymes y trabajadores autónomos y estarán gestionadas por los gobiernos regionales.
En este apartado se incluye la concesión de entre 4.000 y 200.000 euros para empresas y autónomos que hayan perdido al menos un 30 % de sus ingresos, unos fondos que tendrán que destinar a pagar gastos fijos y deudas.
Otros 3.000 millones de euros serán para avales destinados a reestructurar deuda de las empresas, y los 1.000 millones de euros restantes irán para la creación de un fondo de recapitalización para reforzar los balances de empresas medianas que sean viables a medio y largo plazo.
Este paquete de 11.000 millones se suma a las cuantías dedicadas a la protección de empresas y trabajadores a través de los ERTE y a autónomos, así como la prestación de incapacidad temporal, todas ellas cuantificadas hasta finales del próximo mes de mayo cuando termina el estado de alarma.
También se añade a los 8.000 millones de los fondos React-EU, entre otros, contabilizando un total de 29.000 millones de euros en 2021, equivalentes al 2 % del PIB.
«Para afrontar la recuperación es imprescindible seguir actuando con anticipación, previendo dificultades y tomando medidas responsables, rigurosas y de calado para evitar daños estructurales en tejido productivo», ha defendido la ministra, que ha pedido a la Cámara el apoyo a la citada norma, recibiendo tras ello bastantes críticas.