El Ministerio de Justicia busca solar para construir una gran sede judial en Palma de unos 40.000 metros cuadrados de superficie. El presidente del Tribunal Superior de Justicia, Carlos Gómez, anunció este viernes durante la presentación de la memoria anual del organismo, celebrada en el Parlament, que las gestiones para hacerse con esos terrenos ya se han puesto en marcha. Esa búsqueda responde a la absoluta falta de espacio de las sedes actuales, que hacen imposible la creación de nuevos juzgados. En ese sentido, Gómez indicó que esa es la superficie que el Ministerio considera óptima y que supondría duplicar en tamaño edificios actuales como el de sa Gerreria. «Se necesita ese espacio en beneficio de los ciudadanos y de la eficacia de la Justicia», dijo el presidente.
Mientras se da esa solución, el Ministerio busca locales para instalar los dos últimos juzgados que se crearon en Palma: un Social y un Mercantil. Según Gómez, a finales de año tienen que estar los dos ya operativos. A la vez, se trabaja para hacer una obra en la sede de sa Gerreria para conseguir una gran sala para desarrollar juicios de gran formato, después de que esa falta de espacio provocara la suspensión ya de la vista del 'caso Peaje'.
Sobre la memoria, Gómez considera que la Justicia en las Islas funciona «un poco mejor» que la media nacional pese a sus carencias. Recordó que, según el número de asuntos, las Islas necesitarían once jueces más: «Los que hay ahora en Baleares son insuficientes para la carga de trabajo». El año pasado, el efecto de la pandemia hizo que disminuyeran de forma notable tanto los casos que entraron en los juzgados como los que fueron resueltos, lo que arroja que sean 77.341 los que quedaban pendientes a 31 de diciembre, un diez por ciento más que un año antes.
El presidente del tribunal también aludió al problema generado por la marcha de funcionarios a la Península: «Se ha paliado un poco con prórrogas y un esfuerzo por parte de la secretaria de Gobierno, de la secretaria coordinadora y de la Gerencia del Ministerio». Sin embargo, considera que se trata de un problema que se volverá a producir y que tiene difícil solución a corto plazo.
Gómez también valoró que el impacto de la crisis económica aún no se ha notado de lleno en los juzgados, en parte por la prórroga hasta finales de año de la moratoria concursal que hace que no sea obligatoria hasta entonces la declaración en quiebra de las empresas. Sin embargo, sí señaló que se espera «un alud» una vez que se levante.