El Govern ya tiene la factura de la COVID-19: la gestión de la pandemia le costó el año pasado 514,1 millones de euros entre el gasto extra para hacer frente al virus y el descenso de los ingresos por culpa del parón económico. Ese agujero presupuestario, que habría provocado un déficit nunca visto en la Comunitat, se compensó gracias a las aportaciones del Gobierno central y de la Unión Europea, así que, por una vez en años, Madrid no mató a Balears sino que ayudó a que no se hundiera en el abismo económico.
Las aportaciones del Gobierno de Pedro Sánchez sumaron 458,4 millones de euros, a las que se añaden 222,5 millones procedentes de fondos extraordinarios. Paradójicamente, esos 680,9 millones extra hicieron que el año de la COVID-19, el año en que cayeron en picado los ingresos del Govern, fue al mismo tiempo el año de mayor gasto de la historia de Balears.
Todas las partidas de gasto social sumaron 3.340 millones, un aumento de casi un 10 por ciento con respecto al año anterior. Como era de esperar, hubo un gasto extraordinario en sanidad para poder hacer frente a la emergencia sanitaria provocada por el virus. El gasto fue de 1.940 millones de euros, 188 millones más que en el ejercicio anterior.
Movilización extraordinaria
Buena parte de ese aumento en el gasto se debió a la movilización extraordinaria que debió hacerse para conseguir material con que proteger a los trabajadores sanitarios, con la contratación de vuelos a China para obtener mascarillas y otros tipo de material. De esos casi 2.000 millones de euros en gasto sanitario, 624 millones corresponden a material y suministros. También aumentó de forma relevante el dinero destinado a personal debido a la contratación urgente de profesionales para hacer frente a la pandemia. Las estimaciones del Govern apuntan a que el gasto de personal fue de 1.488 millones de euros, un 5,5 % más que en el año precedente.
La pandemia también obligó a redoblar los esfuerzos para ayudar a los colectivos sociales más desfavorecidos. El Govern gastó el año pasado 212,1 millones de euros en protección social, el máximo alcanzado hasta la fecha en las historia de Balears. Es un aumento del 18 por ciento con respecto a lo que gastó en 2020.
En materia educativa, el Govern gastó 1.012 millones de euros, 11 millones más de lo previsto para poder hacer frente a gastos sobrevenidos de la pandemia.
Pero la factura de la COVID-19 no solo se nota en un aumento no visto del gasto, porque también afectó a los ingresos de la Comunitat.
Actividad económica
La caída de la actividad económica, prácticamente paralizada durante el periodo de vigencia del estado de alarma, tuvo como consecuencia un desplome en los ingresos del Govern. Si no hay actividad, la recaudación de impuestos cae y eso se notó en la cuentas de la Comunitat del año pasado. Por ejemplo, la caída en la compraventa de vivienda tuvo efectos directos en los ingresos del Govern porque quien compra una vivienda de segunda mano tiene la obligación de pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. El Govern había previsto unos ingresos por esta vía de 604 millones de euros, pero realmente recaudó 512,8.
Lo mismo pasó en el impuesto que grava determinados medios de transporte, con una caída de 7,2 millones, el 25 por ciento de lo recaudado el año anterior. Lo dicho para estos impuestos sirve para el resto de los que cobra la Comunitat, tasas e impuesto turístico incluidos: en 2020 cayó la recaudación de todos ellos y en algunos casos quedó por debajo de lo que se ingresó un año antes en las islas.
El tsunami económico que provocó la pandemia en las arcas del Govern balear se superó gracias a que el Gobierno salió al rescate de las comunidades autónomas. Del fondo de reconstrucción de las autonomías, a Balears llegaron 458,4 millones de euros que sirvieron para tapar, casi en su totalidad, el agujero económico del Govern. Por otras vías llegaron, además, 222,5 millones, lo que posibilitó que las Islas tuvieran la mayor inversión social de su historia.
A pesar de todo, el resultado final del año pasado es positivo: solo se generó un déficit de 88,9 millones de euros, el 0,3 por ciento del PIB balear, una cifra muy buena teniendo en cuenta las especiales circunstancias que atravesó el año pasado la economía balear.