El conseller de Medi Ambient i Territori, Miquel Mir, declaró este miércoles, en comparecencia parlamentaria, que los vertidos al mar de aguas sin depurar, especialmente en la Badia de Palma, se deben «a la falta de separación entre las redes de fecales y pluviales. La separación de las redes unitarias entre fecales y pluviales es una pieza clave para acabar definitivamente con la problemática de los vertidos».
Mir añadió que «las redes unitarias son una de las grandes deficiencias estructurales que sufre Balears y uno de los principales obstáculos para una correcta gestión del ciclo integral del agua. Hasta que no se aborde esta problemática, no se podrá poner fin al 100 % de los vertidos, y ésta es una competencia única y exclusivamente municipal».
El conseller compareció en comisión a petición de Vox, por procedimiento de urgencia, para informar sobre «la omisión del Govern ante el impacto medioambiental de los vertidos irregulares de las depuradoras de Emaya en la Badia de Palma».
Respecto a las actuaciones puestas en marcha para paliar esta situación en Palma, Miquel Mir señaló que la capital «recibirá 91,2 millones de euros con cargo al canon de saneamiento para proyectos de urgencia en el mantenimiento de la depuradora, construcción del llamado tanque de tormentas -aliviadero para capturar y retener el agua de lluvia-, y remodelación y cambio de colectores y estaciones de impulsión en la Platja de Palma. De estos 91,2 millones, 30 ya están en ejecución».
Jorge Campos, portavoz de Vox, recriminó al conseller que, según investigaciones de la Guardia Civil, «los vertidos de un solo emisario hayan arrasado 205 hectáreas de posidonia en la bahía de Palma, una quinta parte del total, sin que se haya abierto ningún procedimiento sancionador. El emisario del Torrent Gros funciona de manera ilegal desde 1989 y no se ha hecho nada. Es uno de los daños ambientales más graves de los últimos años en Balears. Mientras tanto, se han impuesto 212 actas de denuncia por fondeos sobre la posidonia. La investigación de la Guardia Civil, a través del Seprona, sobre los emisarios responsabiliza a la Conselleria de Medi Ambient».
Fondeos: 212 denuncias y 19.447 desplazamientos
El conseller de recordó que «el decreto de posidonia no tiene régimen sancionador. Se aplica una ley estatal y otra autonómica. Con el decreto, se han levantado 212 actas de denuncia por fondeo, pero, antes se habían levantado 461. Con 212 actas frente a 19.447 desplazamientos de embarcaciones, no parece un decreto persecutorio. 16.000 patrones han solicitado información antes de echar el ancla».
Eterno problema. Cada vez que se registran precipitaciones especialmente intensas, el sistema de depuración de Palma se ve desbordado y sus emisarios vierten al mar aguas fecales sin tratar, afectando a las praderas de posidonia y obligando al cierre de playas.