El Ministerio de Justicia ha hecho oficial el traslado de funcionarios de los juzgados de Baleares. Finalmente serán 137 los que, previsiblemente la próxima semana, se irán de sopetón a la Península y dejarán los órganos de las Islas en cuadro.
Según los cálculos realizados por el sindicado CSI-CSIF, algunos juzgados se van a quedar literalmente sin poder trabajar durante meses, mientras se compensan las bolsas de interinos y se incorporan estos trabajadores. Por ejemplo, un juzgado Social de Palma pierde seis de sus funcionarios, quedarán dos. En Primera Instancia 20 de Palma ocurrirá lo mismo, en el 14 y en el 15 se van cinco y quedan tres. La situación es menos dramática en los juzgados de lo Penal, salvo en el de ejecutorias, donde se marchan diez, una cuarta parte de la plantilla. También queda afectada la Audiencia o Fiscalía, donde se irán seis. De Inca y Manacor se marchan doce funcionarios en cada partido judicial.
El CSIF alerta de que hasta el verano no entraran en vigor las nuevas bolsas de interinos y consideran que se trata de un «desastre» provocado por el ministerio: «Si los juzgados ya tenían una sobrecarga de trabajo, ahora se espera un colapso importante y todo ello, gracias a un ministerio que sigue mostrando su desprecio con Baleares».
La situación se produce ahora, cuando se cumplen dos años del exilio forzoso de funcionarios que acababan de aprobar la oposición y que fueron destinados en masa a las Islas. Ahora pueden optar a regresar a la Península y las peticiones de traslado se han multiplicado. En paralelo se han agotado las bolsas de interinos. Los traslados serán efectivos a partir de la próxima semana y, como está previsto, este viernes se publican en el Boletín Oficial del Estado.