La delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha comunicado por carta al president del Parlament, Vicenç Thomàs, que no comparecerá ante la cámara para explicar las actuaciones llevadas a cabo por la Policía Nacional en el caso de la explotación sexual de menores tutelados, dado que «no se ajusta a la normativa vigente».
Calvo recuerda que, «respecto a la posibilidad de que las cámaras de representación popular de carácter autonómico puedan ejercer el control político sobre autoridades o cargos políticos de la Administración General del Estado» , «no se permite a estas instituciones el control o fiscalización de instituciones diferentes de los propios órganos de gobierno y administraciones creadas para el ejercicio de la Autonomía».
La delegada de Gobierno recurre al artículo 152 de la Constitución y subraya que «no es procedente ejercer control político sobre cargos o autoridades» de la categoría antes referida, ya que éstos «únicamente puedes ser controlados por las Cortes Generales».
Finalmente, concluye su carta, emitida con fecha de 8 de febrero, rechazando la petición de comparecencia por parte de la Comissió d'Assumptes Socials, Drets Humans i Esports, ya que «el objeto de ésta está referido a la actuación en el ámbito de una comparecencia exclusiva del Estado, ajena a las competencias atribuidas a la Comunidad Autónoma».