Las restricciones que el Govern decretó a mediados de diciembre y que un mes después endureció para frenar la propagación del coronavirus tienen efectos en el mercado laboral. El número de trabajadores afectados por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) en Balears se incrementó un 14 % en enero en comparación con el mes anterior, lo que se traduce en 4.318 personas más con el empleo suspendido. En total, 35.156 trabajadores de las Islas están en ERTE, lo que representa un 8,5 % del conjunto de afiliados a la Seguridad Social. Representan más del doble que la media española (3,9 %).
La cifra de trabajadores en ERTE registrada en enero es la más alta desde el pasado septiembre, mes a partir del cual los fijos discontinuos dejaron de estar amparados por esta figura al pasar a cobrar una prestación extraordinaria. Desde entonces, las restricciones más duras en las Islas se implantaron a mediados de diciembre. Desde el pasado 13 de enero, la hostelería, los gimnasios y las grandes superficies comerciales permanecen cerrados.
El conseller de Turisme i Treball, Iago Negueruela –en la imagen circular–, valoró ayer que los empresarios de las Islas, especialmente las pymes, hayan apostado por proteger a los empleados a través de los ERTE, herramienta que de nuevo reivindicó en su comparecencia para dar cuenta de los datos de paro y afiliación de enero. Unas cifras que calificó de «duras», pues el primer mes del año dejó a 83.341 personas en el paro. Representan 22.486 más que un año antes, que en términos porcentuales se traduce en una subida del 37 %. Se trata del mayor incremento del Estado, muy por encima de la media (21,8 %).
Sin embargo, la variación intermensual del desempleo descendió de forma moderada por segundo mes consecutivo. De ahí, que el conseller apuntara a una «cierta estabilización» del mercado laboral. En este sentido, el director general de Model Econòmic, Llorenç Pou, detalló que el incremento del paro se debe a la contratación temporal que ha dejado de realizarse por falta de actividad. Destacó que desde el inicio de la pandemia apenas se ha destruido empleo indefinido, pues el empresariado ha optado por los ERTE.
Afiliación
Cabe recordar que las personas con el empleo suspendido no figuran como parados, sino como afiliados a la Seguridad Social, que en enero contabilizó a 412.115 personas. Suponen 16.896 menos que un año antes, una reducción próxima al 4 %, la más intensa del Estado.
En cuanto a los expedientes de regulación de empleo (ERE) que han iniciado algunas empresas turísticas de las Islas, Negueruela quiso poner en valor que la herramienta predominante en todos los sectores son los ERTE. Indicó, asimismo, que algunos de estos ERE responden a una concentración empresarial iniciada antes del pasado mes de marzo, de modo que la pandemia «solo ha acelerado estos procesos».
«Baleares necesita un rescate del Gobierno para tener temporada»
La presidenta de CAEB, Carmen Planas, mostró sus «preocupación» por los datos del mercado laboral y reclamó que Balears «necesita ser rescatada por el Gobierno central porque es la comunidad más perjudicada por la crisis». Exigió «acelerar el proceso de vacunación para arrancar cuanto antes la temporada turística y, con ella, la economía y el empleo, y evitar así un colapso social».
Más de diez meses sin trabajar
La mitad de los trabajadores que están registrados como parados en el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) lleva más de diez meses sin empleo. Esto significa que cerca de 42.000 personas no ha logrado firmar un contrato de trabajo desde que comenzó la pandemia, a mediados del pasado mes de marzo. La COVID-19 irrumpió en el inicio de la temporada turística de las Islas, lo que supuso un parón en la actividad económica de las Islas y frenó la contratación temporal.
Mientras que la mayoría de trabajadores indefinidos han quedado protegidos bajo el paraguas de los ERTE, esta crisis de nuevo se ha cebado con los empleados temporales y que lograban contratos de temporada durante el verano. Con el fin de paliar los efectos de la pandemia para este colectivo, el Gobierno estableció un subsidio de 400 euros para las personas sin ayudas económicas.