La salida del Reino Unido de la Unión Europea desde el 1 de enero, está ya teniendo efectos directos sobre las inversiones inmobiliarias de británicos en Mallorca y resto de islas.
A parte de todos los trámites administrativos inherentes a la compra de un piso, los inversores británicos deben de incorporar a partir de ahora un permiso del Ministerio de Defensa, que a su vez exige un certificado de antecedentes penales y un plano de la vivienda. Así lo prescribe una ley de 1975 sobre zonas e instalaciones de interés para la defensa nacional. Dicha norma fue desarrollada en un reglamento de abril de 1978, ocho meses antes de que se aprobase la Constitución.
La petición se tiene que tramitar a través de Comandancia General de Balears o la Capitanía General de Barcelona, ya que en la Ciudad Condal se encuentra el Consulado General del Reino Unido.
El presidente de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears (Proinba), Lluís Martí, señalaba ayer la preocupación latente que hay en el sector inmobiliario balear «porque esta ley limitará la llegada de británicos que buscan tener en Mallorca, Menorca, Eivissa o Formentera una segunda residencia. Estas trabas, a buen seguro, también limitará la inversión inmobiliaria en las Islas».
Martí añadió que todo lo que sea poner dificultades «no ayuda en unos momentos tan complicados como los actuales».
El Colegio de Registradores de Balears es consciente de estos trámites, que obligan a cualquier inversor británico a contar una autorización militar para comprar una propiedad inmobiliaria en cualquier municipio costero de Balears.
Las únicas excepciones que hay sobre inversores no comunitarios en estos momentos, según el Colegio de Registradores, son para suecos y noruegos, cuyos países tienen un acuerdo con la Unión Europea.
Las mismas fuentes señalan que en los últimos seis años realizan expedientes de nacionalidad a ciudadanos del Reino Unido. «Los británicos con el ‘Brexit' pueden conseguir la nacionalidad si llevan diez años de residencia en las Islas. El tiempo que tarda en tramitarse son entre tres y seis meses, aunque ahora con la pandemia todo ha cambiado», indican.
Proinba apunta que al año se pueden llegar a realizar 200 operaciones de compraventa de viviendas por parte de británicos, cifra muy alejada de las que se formalizan con inversores de Alemania, Francia y países nórdicos.
El impacto del ‘Brexit' en las farmacias
El Col·legi de Farmacèutics ha recordado hoy a sus asociados que, al no pertenecer el Reino Unido a la Unión Europea, ya no resulta de aplicación el artículo 15 bis del real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre, sobre receta médica y órdenes de dispensación. Es decir, las recetas emitidas por médicos del Reino Unido ya no son válidas para su dispensación en España. La Agencia Española de Medicamentos ha puesto a disposición de los farmacéuticos diferentes vías de consulta con el fin de minimizar un impacto del ‘Brexit'.