Delegación de Gobierno en Baleares ha informado este lunes que sancionarán al menos a 7 personas implicadas en la manifestación de restauradores no autorizada que se celebró el pasado 12 de enero en Palma, las multas alcanzan la cifra de 124.200 euros.
Delegación del Gobierno ha informado de que sancionará al organizador y a otras seis personas que tuvieron «una participación muy activa en los hechos», tras recibir los primeros informes de la Policía Nacional.
La sanción más importante es para un participante al que se le han abierto cinco expedientes sancionadores que suman una cuantía de 46.200 euros, por tres infracciones graves (de 15.000 euros cada una) y dos infracciones leves (por 600 euros de multa cada una). Según la Policía, este hombre portaba un megáfono y desde un primer momento estuvo enalteciendo a los congregados, animándoles a actuar contra los agentes de policía y a entrar en los edificios públicos. Arengó al grupo a entrar en organismos y propuso ir hacia el Parlament, encabezando la manifestación. Una vez frente al Parlament, encendió una bengala y continuó arengando a los concentrados a entrar en el edificio.
Posteriormente, siguió encabezando a los manifestantes y lanzó un adoquín contra los policías cuando estos despejaban la calzada en las Avenidas, sobre las 15 horas. Además, en multitud de ocasiones se dirigió a los policías con insultos, faltas de respeto y realizando gestos obscenos, según el relato de la Delegación. Por estos hechos, será sancionado por tres infracciones graves (perturbación grave de la seguridad ciudadana frente al Parlament, causar desórdenes en vías y espacios públicos causando alteración grave de la seguridad ciudadana, y utilización de bengalas y material pirotécnico). También le sancionarán con dos faltas leves (falta de respeto y consideración a los policías y haber promovido la manifestación, pese a estar prohibida).
Otro de los implicados tendrá que afrontar dos expedientes sancionadores que suman 15.600 euros por una infracción grave (causar desórdenes en vías y espacios públicos causando alteración grave de la seguridad ciudadana) y una leve (falta de respeto a los policías). Este hombre participó desde el principio hasta el final en las protestas con un papel activo, «estando en primera línea y mostrando una actitud muy violenta». Trató de alentar a los congregados para avanzar y agredir a los policías, además de animar a entrar en los organismos oficiales. Insultó e increpó a los agentes, inició los cortes de tráfico y animó al resto a cortar la circulación.
Además, una mujer se enfrenta a dos expedientes sancionadores que suman 15.600 euros por una infracción grave (desórdenes en vías y espacios públicos causando alteración grave de la seguridad ciudadana) y otra leve (falta de respeto a los policías), por «una participación muy activa y preponderante en los cortes de tráfico en las Avenidas» e insultar a los agentes en numerosas ocasiones.
Otra participante es el titular de dos sanciones que suman 15.600 euros por una infracción grave (desórdenes en vías y espacios públicos causando alteración grave de la seguridad ciudadana) y una otra leve (falta de respeto a los policías), por participar «activamente en los cortes de tráfico en Avenidas y dedicar insultos a los agentes».
Una persona, pendiente de identificar, se enfrentará al menos a un expediente sancionador de 30.000 euros por una infracción grave (perturbación grave de la seguridad ciudadana frente al Parlamento) por romper un cristal de una ventana del Parlament al lanzar un objeto contundente.
Por último, un manifestante se enfrenta a una infracción leve, por 600 euros, por falta de respeto a los agentes, porque durante las protestas estuvo en primera línea e increpó e insultó a los policías en numerosas ocasiones mientras realizaba aspavientos.
En cuanto al promotor de la concentración, se enfrenta a un expediente sancionador de 600 euros por una infracción leve, por haber promovido y realizado la concentración en lugares de tránsito público, pese a estar prohibida.
La Policía Nacional sigue trabajando en las pesquisas y no descarta más hechos atribuibles o que haya más implicados.
Por otra parte, la Delegación del Gobierno ha recibido este lunes la comunicación de otra manifestación convocada el próximo viernes, 22 de enero, por la situación del sector de la hostelería y la restauración, afectado por el cierre de negocios.