Abir Kellitou ha sido una de las organizadoras de las jornadas Marhaba a través de la Fundación Euráfica. El fin es educar a profesionales sociales sobre cómo trabajar con menores y jóvenes migrantes no acompañados. Señala que el problema fundamental es qué ocurre con menores que han llegado a España y que, tras ser tutelados por las administraciones, cumplen los 18 años y quedan en una situación de desamparo.
A Baleares, ¿esos jóvenes han llegado en pateras?
— No, realmente las pateras son poquísimas en Baleares en comparación con la Península. Se hace mucho revuelo y se criminaliza mucho con ellas. La mayoría de los casos que encontramos son jóvenes extutelados de otras comunidades autónomas que han venido a Balears y que no pueden acceder a programas de emancipación.
¿Qué apoyos tienen entonces?
— Hay muchas entidades que hacen un trabajo aislado con estos jóvenes. Falta coordinación y es necesario que el Estado dé una respuesta y que lo haga de forma unificadada. Tenemos una realidad, que es que han llegado estos jóvenes y que se van a desplazar. Nos llegan de otras comunidades autónomas y es normal, porque hablan entre ellos y se dan información que a veces no es real. Los únicos que acceden a ayudas son los que han pasado por el circuito de protección en Balears. Otros vienen de otras comunidades y se dan cuenta que no es así.
¿Qué situación afrontan estos menores no acompañados cuando cumplen los 18 años?
— Se encuentran en una situación de exclusión social: no tiene acceso a vivienda, a una renta básica, que puede tardar seis meses o más en tramitarse, tienen un permiso de residencia que no les permite trabajar. Les genera una actitud de gran enfado: a los 18 años, el Estado les deja en la calle. No tiene sentido si se quiere prevenir la delincuencia o que no haya okupas. Estamos ante un círculo vicioso.
¿Cuál es el trabajo de quienes, como usted, se dedican a ayudarlos?
— Estamos muy limitados, los que hacemos acompañamiento a estos jóvenes. Por ejemplo, necesitan que una empresa les haga un precontrato de un año para poder renovar la tarjeta de residencia. No pueden trabajar ni acceder al SOIB y ¿a qué joven de 18 años se le hace un contrato de un año? Están en un limbo absoluto que les empuja a que sólo puedan acceder a la economía sumergida.
En las jornadas se habló también de las consecuencias psicológicas que sufren. ¿Son por la lejanía de sus familias?
— Tienen un gran peso encima. Muchas veces su llegada forma parte de un proyecto migratorio familiar. Se invierten todos los ahorros de la familia para que el hijo mayor venga a Europa porque se espera que, una vez que tenga trabajo, aporte dinero que ayude a todos los demás. Así que, además de la presión de subsistir, ellos tienen la de no poder mantener a sus familias de origen y la presión para cumplir esas expectativas. Eso genera frustración y síndromes psicológicos, como el de Ulises.
¿La prioridad es buscarles formación?
— Lo que intentamos es buscar recursos y sobre todo que puedan acceder a formación. Ahora, al menos, la normativa en Balears ya permite que los menores no acompañados accedan a la educación de adultos. Se van produciendo avances desde las instituciones, pero falta que se trabaje con una perspectiva más a medio y a largo plazo.
¿Cuántos jóvenes no acompañados hay en Baleares?
— No hay datos públicos, pero los hay porque nos los encontramos en la calle. Por miedo a una detención o a ser expulsados no salen, no reivindican sus derechos. La mayoría son jóvenes con ganas de trabajar y de aportar a la sociedad.
También se denunció la falta de mediadores culturales en Baleares.
— Se utiliza a otros jóvenes para hacer de traductores y la figura del mediador es fundamental para comprenderles y establecer con ellos un vínculo seguro.