La Conselleria de Educació, Universitat i Investigació ha puesto en marcha este viernes la Oficina de Defensa dels Drets Lingüístics en las Islas Baleares. Este nuevo organismo público depende de la Dirección General de Política Lingüística.
Después de meses de preparación, inicia la actividad pública con un equipo técnico de tres personas: un director, un asesor jurídico y un auxiliar administrativo. Los tres son personal funcionario de la Comunidad Autónoma.
Funciones
La Oficina tendrá varias funciones. Por un lado, tramitará reclamaciones sobre la vulneración de derechos lingüísticos y recogerá sugerencias sobre la tutela de estos derechos. También atenderá consultas sobre derechos lingüísticos y la normativa que los ampara, y divulgará información sobre la materia. Hará un papel mediador en los casos de vulneración de los derechos, a partir de la colaboración, el asesoramiento y el ofrecimiento de recursos. A pesar de que no tiene capacidad sancionadora, podrá proponer medidas normativas cuando se considere necesario para garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos de las Baleares.
Se trata de un nuevo instrumento al servicio de los ciudadanos, que actuará, con diferentes grados de capacidad de intervención, en el ámbito de las administraciones públicas -en el marco de la mejora continua de los servicios públicos- y también en el ámbito de las personas físicas y jurídicas de naturaleza privada. Ya existen organismos similares en otros lugares, como la Oficina de Garantías Lingüísticas de la Generalitat de Catalunya, la Elebide, del País Vasco, o la Oficina de Derechos Lingüísticos del País Valenciano. Todos estos organismos basan su actuación en la información sobre derechos lingüísticos, la mediación y el arbitraje. En este línea destaca, así mismo, la experiencia positiva de la Oficina de la Lengua Francesa del Canadá.
El acto institucional de presentación se ha llevado a cabo la tarde de este viernes en el Arxiu del Regne de Mallorca, en Palma. Han asistido, tanto presencialmente como telemáticamente, autoridades, representantes de la sociedad civil y juristas especializados en derechos lingüísticos.
Según ha explicado la directora general de Política Lingüística, Beatriu Defior, «el objetivo es que los ciudadanos se sientan acompañados, que perciban que el Govern los apoya». Defior ha señalado que «la protección de los derechos lingüísticos desde la administración no empieza ni acaba con la Oficina», y ha recordado que, sólo en 2020, la Dirección General ha atendido una cincuentena de casos de discriminación lingüística, y que también ha actuado de oficio.
El nuevo organismo nace para ayudar a garantizar que todos los ciudadanos puedan disfrutar de seguridad lingüística. En este sentido, el consellero de Educación, Universidad e Investigación, Martí March, ha remarcado que «la seguridad lingüística implica que los hablantes viven en un entorno en que pueden elegir la lengua que quieren emplear, sin presiones». En este sentido, March ha dicho que «la Oficina ayudará a visibilitzar el problema que supone que demasiado a menudo los catalanoparlantes tengan que renunciar al uso de su lengua, una renuncia que puede resultar incluso dolorosa».
La Oficina velará por los derechos asociados a las dos lenguas oficiales «desde la conciencia que los derechos que es más probable que sean vulnerados son los de los que eligen emplear el catalán», según ha expresado la secretaria autonómica de Universidad, Investigación y Política Lingüística, Agustina Vilaret. La representante del Govern ha explicado que es esta realidad «la que provoca la misma necesidad que haya una oficina».
Se ha editado material de divulgación para dar a conocer la puesta en marcha la Oficina de Defensa de los Derechos Lingüísticos. Los ciudadanos se pueden dirigir al teléfono 971 17 60 97, a la dirección electrónica oficina@dgpoling.caib.es o bien dirigiéndose a la calle de Alfons el Magnànim, 29, 1r piso, de Palma. Así mismo, la Oficina dispone de una página web: oficinadretslinguistics.caib.cat.