Las empresas y autónomos de Baleares pueden reclamar daños patrimoniales a las administraciones por las medidas restrictivas adoptadas para evitar la expansión de la pandemia desde el 14 de marzo de este año, según ha explicado este miércoles en la PIMEM el catedrático de Derecho Administrativo y director del Centre d'Innovació i Gestió de les Administraciones Públiques de Catalunya, Joan Manuel Trayter.
El catedrático ha realizado un informe relativo a la posible responsabilidad patrimonial de la Administración Pública derivada de las medidas administrativas adoptadas con motivo de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 a las pequeñas y medianas empresas. El presidente de la PIMEM, Jordi Mora, ha explicado que a causa de la COVID se han producido cierres de empresas y pérdida de actividad económica «la cual tiene que recuperarse, para lo cual es clave que se creen mesas sectoriales para evaluar el impacto económico en todos los sectores productivos de las Islas».
Trayter ha afirmado en la presentación de informe que «el Gobierno y las administraciones autonómicas y municipales deben indemnizar a las empresas afectadas, porque las medidas adoptadas han provocado un lucro cesante».
Una de las fórmulas que ha barajado el jurista para que las empresas y autónomos afectados puedan recuperar el volumen de negocio perdido «es beneficiarse de los fondos europeos que llegarán el próximo año, para lo cual deben concretar de forma concienzuda el lucro cesante que han tenido para poderlo reclamarlo a las administraciones competentes. Las empresas deberán demostrar con documentos el perjuicio económico ocasionado por las medidas adoptadas para combatir la COVID», añadió Trayter.
El presidente de la PIMEM, Jordi Mora, puntualizó que la pérdida de actividad económica en la Restauración ha sido del 70 % desde marzo, del 90 % en el sector de la cultura y ocio nocturno y del, 70 % de media en comercio, transporte y en todo lo relacionado con el alojamiento turístico.