Unos 320.000 baleares se encuentran en situación de pobreza, de los cuales unos 34.000 sufren pobreza severa, una cifra que prácticamente se ha duplicado respecto al año pasado a causa de la pandemia, según el «Informe social sobre los impactos de la covid-19 en Baleares».
Los profesores del área de Filosofía y Trabajo Social de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) Maria Antònia Carbonero y David Abril han presentado este lunes en una rueda de prensa este análisis, elaborado por el Observatorio Social de Baleares.
El estudio, que se puso en marcha el pasado mayo, recoge la información sobre los efectos de la pandemia en la sociedad balear hasta octubre, cuyos datos se han actualizado continuamente con la aportación de 21 entrevistas a responsables técnicos de las consellerias, sindicatos y entidades del tercer sector.
La pandemia ha aumentado la cifra de personas en situación de pobreza, con una cobertura de ayudas públicas como el Ingreso Mínimo Vital y la Renta Social Garantizada que solo llega a la mitad de esta población, ha indicado Carbonero.
A pesar de que la tasa de riesgo de pobreza es más baja en las islas que en otras autonomías, el porcentaje de peligro de exclusión está entre los más elevados del país, con un 21,5 %, debido a la precariedad y las dificultades para tener acceso a una vivienda.
Carbonero ha asegurado que esta situación empeorará durante el invierno porque no hay recursos suficientes para dar cobertura a estas personas ya que, pese a la rápida respuesta de las administraciones públicas, las entidades sociales «están desbordadas». «Hacen lo que pueden», ha añadido.
Esta experta en exclusión y políticas sociales ha lamentado los retrasos para cobrar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) de quienes han solicitado percibir esta prestación en el archipiélago, una cobertura que ha considerado «insuficiente» y que aboca a los baleares en situación de pobreza a pedir ayuda a las entidades sociales.
El informe indica que la estructura económica productiva de Baleares, basada en la actividad turística, el trabajo precarizado y las desigualdades sociales en ámbitos como el acceso a una vivienda, ya eran problemas importantes antes de la pandemia.
Los efectos de la pandemia han sido diferentes según la renta y la clase social de las personas, y también se han detectado diferencias por barrios. Carbonero ha dicho que esta situación ha dependido de la incidencia de contagios por zonas, por las condiciones de la vivienda y las dificultades para realizar teletrabajo, entre otros puntos.
Por ejemplo, el informe refleja que en Valldemossa, la renta media es de 45.000 euros por hogar, mientras que en Vilafranca de Bonany no llega a los 30.000 euros. En Palma, zonas como Génova o Son Vida registran más de 85.000 euros de media por hogar, mientras que en Camp Redó la renta es de poco más de 15.000 euros.
Hay seis secciones censales donde más del 40 % de la población vive con ingresos inferiores al 60 % de la renta mediana estatal. El análisis sugiere que la población con el nivel de renta más bajo tiene más probabilidades de contagio del virus.
Carbonero ha añadido que la incidencia ha sido mayor en las mujeres que a los hombres debido a la mayor carga de atención y cuidados por parte de las féminas, ya que siete de cada diez trabajadores de la sanidad y la educación son mujeres.
También ha comentado que los casos de violencia machista no han bajado con la pandemia, ya que las llamadas al 016 y al servicio telefónico 24 horas del Institut Baleares de la Dona (IBDona), aumentaron durante el confinamiento.
Por su parte, el profesor de la UIB David Abril ha puntualizado que los datos de empleo inciden directamente en las tasas de pobreza y situación de vulnerabilidad de la sociedad balear.
Abril ha opinado que los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) han servido para no destruir trabajo pero no han parado el empobrecimiento, ya que estas personas han perdido cerca de un 25 % de su poder adquisitivo desde el inicio de la pandemia.
El estudio afirma que las respuestas por parte de las administraciones públicas han sido «pertinentes» y que se han gestionado «más o menos rápido», pero que hay ciertas amenazas de cara al futuro social, debido a la preocupación por el incremento de desigualdades económicas y sociales.
«Reforzar los servicios públicos y las dinámicas comunitarias no debería ser algo puntual», ha reconocido Abril, que ha apelado a la necesidad de cambiar el modelo económico de las islas