La reciente sentencia del Tribunal Supremo que da la razón al Govern en la gestión de la ampliación del Parc Nacional de Cabrera ha puesto de relieve que el Gobierno central recurrió, como base de su argumentación, a un informe del Instituto Español de Oceanografía (IEO) en el que no aparece la firma de ningún autor científico responsable. Sólo aparece el nombre de la institución en una firma electrónica.
A partir de la ampliación aprobada por el Consejo de Ministros el 1 de febrero de 2019 (de 10.000 a 90.000 hectáreas, sumando 80.000 marinas), el Ministerio para la Transición Ecológica expresó su voluntad de hacerse cargo del área ampliada, creando un doble ámbito de gestión del parque nacional, ante esta pretensión, el Govern recurrió. El Ministerio apeló a la condición de aguas exteriores y a la falta de continuidad ecológica entre el ámbito inicial y el ampliado como argumentación y para ello recurrió a un informe del IEO de cinco páginas y autoría desconocida.
Por su parte, la Conselleria de Medi Ambient i Territori ya había presentado un informe del doctor Enric Ballesteros (Centre d'Estudis Avançats de Blanes-Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y, tras el informe del IEO, aportó otro de 25 páginas de la Societat d'Història Natural de Balears, con un equipo de autores identificados y coordinados por Guillem Pons y Antoni Grau.
Finalmente, el Supremo atendió las razones aportadas por el Govern. En ámbitos científicos ha sorprendido que el informe del IEO no tenga ningún autor identificable, pero también que su argumentación científica sea más bien «débil e incoherente respecto a la continuidad ecológica, conteniendo incluso alguna falsedad». Estos mismos ámbitos relacionan la «endeblez» científica y argumental de su contenido con el anonimato en la autoría.
Dobles permisos para proyectos en los dos ámbitos del parque nacional
La doble gestión que pretendía el Gobierno central obligaba a pedir dos permisos si se pretendía realizar alguna actividad de navegación o investigación en los dos ámbitos del parque: el gestionado por el Govern y el gestionado por el Gobierno.
En 2019 (el parque se amplió el 1 de febrero de ese año) se concedieron 11 permisos para proyectos de investigación en Cabrera. En dos de ellos fue necesario solicitar una doble autorización. Para los ambientes científicos, esta situación era absurda y no tenía sentido. Aunque sólo dos permisos se vieron afectados en 2019, esta doble exigencia iba a permanecer indefinidamente.