La consellera de Servicios Sociales, Fina Santiago, ha asegurado este martes que la pandemia de la COVID-19 no ha paralizado en ningún momento el trabajo de coordinación del Govern con los consells insulars en favor de la protección de menores.
Santiago ha subrayado que Baleares es la única comunidad autónoma que cuenta con un protocolo específico para la protección de menores de abusos sexuales, tras hacerse público el caso del presunto abuso a una menor tutelada por el Consell de Mallorca en los pisos de Corea de Palma por parte de un grupo de siete jóvenes el 24 de diciembre del año pasado.
La consellera ha comparecido en el pleno del Parlament de este martes para informar de las actuaciones que está desarrollando el Govern respecto a este caso y la protección de los menores.
La titular de Asuntos Sociales ha recordado que la materia de menores fue transferida a los consells insulars en el año 1997 y que su departamento impulsa continuamente la coordinación de estas instituciones para la protección de los jóvenes. Desde el pasado mes de enero se han celebrado 19 reuniones técnicas.
La consellera ha insistido en la necesidad de aumentar la formación entre las personas que trabajan con menores para tratar detectar cualquier caso de estas características y ha mantenido que la explotación sexual de menores es un problema de «todas las comunidades autónomas».
En su turno de intervención, la diputada del PP Margalida Durán, ha calificado este caso como el «más grave» caso de abuso sexual «conocido en esta tierra».
Durán ha criticado que la presidenta del Govern, Francina Armengol, «la jefa suprema, hizo un cierre de filas y declaró un silencio total» sobre este caso y decidió que no se abriera una comisión de investigación para averiguar qué había pasado, ni en el Consell de Mallorca ni en el propio Parlament, aunque la propia consellera sí era partidaria.
La diputada ha lamentado que el Govern haya asumido «cero responsabilidad política» y que nadie haya dimitido por este caso por responsabilidades políticas.
Además ha añadido que «hace tiempo» que tanto la consellera como el director del Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales (IMAS), Javier de Juan, deberían haber abandonados sus cargos.