Hace justo un mes la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) anunciaba la convocatoria de una huelga nacional tras la aprobación del Real Decreto 29/2020 que, entre otras cosas, agiliza la homologación de títulos a los facultativos extracomunitarios y mientras tanto, permite su contratación. Es una de las medidas que el Gobierno del Estado contempla para incrementar las mermadas plantillas del Sistema Nacional de Salud.
En Baleares ya hay unos doscientos médicos que a día de hoy ejercen sin tener esta titulación homologada, sobre todo en las consultas de Atención Primaria. Son la parte del colectivo que podrá beneficiarse de un decreto por el que los médicos se ha puesto en huelga en plena pandemia.
Según el IB-Salut la cifra fluctúa. El permitir que los médicos que no tienen una especialidad reconocida en España ejerzan es la última baza cuando no hay más especialistas disponibles. Esta práctica se ha hecho siempre y, explican, viene avalada por el Tribunal Superior de Justicia que prima el garantizar la asistencia sanitaria cuando no hay una disposición de profesionales con la titulación requerida. Aun así especifican que son profesionales con contratos menores, es decir, suelen encargarse de sustituciones sobre todo en servicios de Urgencias y de Atención Primaria.
El Sindicato Médico de Baleares, integrado en la CEMS y por lo tanto instigador y convocante de la huelga que se inició el pasado martes, pide que estos 200 facultativos «sean tratados igual, con las mismas condiciones que el resto», alegando que llevan años esperando una homologación. «Queremos que sigan el proceso correspondiente, que es una evaluación muy seria, pero que se agilice», explica el presidente del Simebal, Miguel Lázaro.
El protocolo dicta que el título extracomunitario de Medicina tiene que homologarlo el ministerio de Educación, mientras que la especialidad pasa por la cartera sanitaria. El proceso en sí puede tardar entre 4 y 7 años. Además se requiere que el demandante tenga la nacionalidad española, por lo que no temen que el real decreto tenga un efecto llamada en este sentido.