El Defensor del Pueblo sugiere al Govern balear que de trámite a la reclamación de un mallorquín que pide que se le compense económicamente por los daños que le provocan las aves rapaces que atacan a sus animales domésticos, pollos y gallinas en este caso. El afectado interpuso una queja ante este organismo después de que la administración autonómica rechazara hacerse cargo de los daños al no estar contempladas estas ayudas en las Islas.
El Defensor recomienda a la Conselleria de Medi Ambient que lleve cabo una evaluación sobre los daños: «De la información recibida no se deduce si en Baleares existe o no un problema generalizado de daños a las aves domésticas y a las explotaciones avícolas por ataques de aves rapaces, pero es una cuestión que se recomienda que se estudie».
El problema que aparece, según la resolución, es que en Baleares no existe un sistema de compensación por ataques de fauna salvaje, como sí ocurre en varias comunidades autónomas donde son comunes ataques de lobos, osos o de otras especies. Ante la falta de esa regulación, la Consellería rechazó tramitar la reclamación que hizo el afectado y compensarle por esos daños. El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, recuerda que las indemnizaciones por ataques de fauna salvaje no son automáticos y que las administraciones no son responsables de los mismos, excepto en supuestos que se regulan por parte de cada comunidad autónoma.
Laguna legal
Ante esa laguna legal, «lo correcto es que se tramite en este caso un procedimiento de responsabilidad patrimonial de la administración», dice el Defensor. En ese trámite se deberá valorar si ha habido algún tipo de responsabilidad por aparte de la Conselleria de Medi Ambient que obligue a compensar los daños sufridos por las aves domésticas del ciudadano que reclama. Así, la recomendación del órgano es que se lleven a cabo una serie de informes que revisen lo que ocurrió: «Podrían existir indicios de que los daños no fueran imputables a la administración, pues las rapaces que presuntamente producen el daño parecen proceder, por las marcas advertidas en ella, de una granja de cría en cautividad. Sin embargo, si dicha granja careciera de los permisos necesarios para desarrollar la actividad ello podría suponer una actuación que permitiría imputar el daño a la Administración».
Animales criados en cautividad
La denuncia planteada por el afectado apunta a que el ataque a los pollos y gallinas proviene de animales criados en cautividad, no de milanas u otra especie salvaje. Así, lo que plantea el Defensor del Pueblo es que habría una responsabilidad de la administración si ese criador carece de todos los permisos necesarios o no se ha llevado a cabo una labor de control por parte de la Conselleria.