Aina Calvo tomó posesión como delegada del Gobierno hace ocho meses y desde entonces han llegado en patera a las islas un 54 % más de migrantes que en todo 2019, un año récord. No obstante, asegura que «los datos de las pateras son irrisorios frente a la migración irregular total», un fenómeno que hay que abordar «con un equilibrio entre ser solidarios y ser responsables».
Baleares, con 783 migrantes llegados en patera, ha superado con mucho, antes de acabar el año, las cifras del año pasado. ¿Cómo lo afronta?
— El incremento es notorio y tuvimos una llegada muy impactante en septiembre (los días 22 y 23), con 241 personas de golpe, cosa que no se había dado jamás. El mes de octubre aún puede ser activo en la llegada de pateras.
Son jóvenes procedentes de Argelia que en su mayor parte persiguen llegar a Francia y salen buscando una vida mejor. Influyen varios factores: la inestabilidad del país, meteorología y el momento pandémico, que ha hecho que se diera un cierre de fronteras en las devoluciones y el cierre de los CIE (Centro de Internamiento de Extranjeros). Somos una estación de paso.
¿Estuvo este asunto en la agenda de la reciente visita del presidente Sánchez a Argelia?
—El presidente estuvo la semana pasada y el ministro del Interior unos días antes. Nos consta que el ministro del Interior pidió la colaboración de las autoridades argelinas para evitar esa emigración irregular y sobre todo para combatir el tráfico de personas a través de mafias. Tenemos mafias cada vez más organizadas que son las que lanzan esta migración irregular hacia Baleares.
Los migrantes detenidos, ¿son todos los que llegan en pateras?
—La costa está vigilada y las pateras son detectadas. No diré un 100 % para no colarme, pero en un 99,9 % son identificadas. Lo que nos se identifica en el momento son el número de personas, pero luego se localizan y son detenidas.
¿Los radares funcionan siempre? ¿Necesitan más dotación de vigilancia?
—Uno siempre pide más recursos, eso es natural, pero con los que tenemos estamos controlando esta situación, tanto desde el punto de vista de control de fronteras y de la gestión de personas que están detenidas por ser migrantes irregulares, no por nada más, como desde el punto de vista sanitario.
¿Necesita Baleares un CIE?
—No. No solo no lo necesitamos sino que no deberíamos quererlo. Somos una estación de tránsito hasta ahora, y es cierto que la cifra de este verano nos ha puesto en alerta, pero tenemos que tener una respuesta contundente: nosotros no queremos tener un CIE porque no queremos consolidar este destino. Es importante que en cuanto los migrantes irregulares finalizan su periodo de detención, sean desplazados a la península donde ya existe una infraestructura preparada para la acogida y para la tramitación del expediente posterior de devolución a su país de origen.
¿Es significativo el incremento de migrantes llegados en patera respecto a la situación general de la inmigración ilegal?
—La llegada en patera nos ofrece la cara de un drama social internacional. Se le pone el foco porque son utilizados para alimentar el enfrentamiento entre ciudadanos, que me parece detestable. Se les dibuja como si fuesen a usurpar nuestros propios derechos, cosa que hay que combatir y rechazar con muchísima contundencia. Los datos de las pateras son irrisorios frente a la inmigración irregular total.
Tenemos que ser contundentes en la gestión de la migración irregular y devolver a sus países de origen a aquellos que entran de una forma irregular. Hay que ser muy contundentes combatiendo el tráfico de personas y por tanto las mafias en origen, mediante la colaboración con esos países. Y hay que ser también contundentes redoblando nuestros esfuerzos para que estos países puedan encontrar soluciones en origen para sus ciudadanos.
Hay que ser muy cuidadosos con la mirada a la migración. Hay un equilibrio que hay que sostener entre ser solidarios y ser responsables. Hay que controlar las fronteras y tener capacidad de gestión de la llegada migratoria.La solución nunca va a ser a corto plazo, siempre va a ser a medio y es muy difícil que sea unilateral.
¿Cómo se ha gestionado la llegada de pateras durante la pandemia?
—Se ha gestionado bien, dentro de que la situación es compleja. El mérito es todo de la capacidad de coordinación institucional. La Policía Nacional trabaja con la profesionalidad que le caracteriza, máxima. Ejerce su función en las primeras 72 horas con muchísima paciencia. En la primera asistencia siempre está Cruz Roja y, con la pandemia, ahí iniciamos la elaboración de PCR, que hace Conselleria de Salud. Eso nos ha ayudado muchísimo, porque cuanto antes tenemos el resultado antes sabemos cómo proceder.
Una vez se conoce el resultado de la PCR, si es negativo el migrante es trasladado a la península. Si los CIE están llenos o cerrados, quedan a cargo de las ONG (que tienen acuerdos con el Gobierno). Si tenemos un caso positivo tenemos que pasar a hacer un confinamiento (tanto del enfermo como de sus contactos estrechos), en coordinación con la autoridad sanitaria . Pasada la cuarentena o superada la enfermedad, son desplazados a la península.
Se hace PCR a la población migrante irregular no porque sean un riesgo para nuestra salud particularmente acentuado, sino porque son personas que en caso de que tengan que hacer un confinamiento no tienen lugar donde hacerlo. No es en detrimento de otros ciudadanos, ni es que tratemos mejor al migrante que a los profesionales que los acogen, en absoluto. La prueba es un control sanitario que sea un seguro para ellos y luego es un seguro para nosotros.
El grado de incidencia de positivos entre las personas migrantes irregulares que han llegado a nuestras costas es de un 3 %. Por tanto no podemos ni debemos mirarles como una amenaza para nuestra salud.
Ha habido quejas de los sindicatos policiales por falta de protección.
—Entiendo que reivindiquen mejoras laborales, es su misión. Su mirada tiene que tenerse muy en cuenta a la hora de abordar esta realidad. Se están haciendo cribas de PCR en profesionales esenciales. Son profesionales de riesgo como también lo son el médico, la enfermera que atienden en un centro de salud. Cuando mandamos a nuestros niños a las escuelas tampoco los mandamos con PCR. Es comprensible el temor, pero los datos nos dicen que no estamos en una situación fuera de control.
¿Servirá el argumento de la mayor presión migratoria para que el Gobierno central aborde el déficit de personal de los cuerpos de seguridad en las islas?
—No sé si va a valer o no, pero lo estamos enarbolando como reivindicación. La administración general del Estado es evidente qu tiene un déficit importante en cuanto a la dotación en Baleares. No porque el gobierno de España quiera ignorar a Baleares, sino porque Baleares no es atractivo como destino para los funcionarios por la carestía de vida y los desplazamientos. Hace tiempo que se viene reivindicando un reconocimiento insular que es justo y muy necesario. No sé en las circunstancias económicas en que nos encontramos si es este el momento