Padres de familia que están en ERTE desde marzo, con una hipoteca que pagar y que jamás se habían visto abocados a subsistir de la beneficencia, plagan las listas de personas que aguardan recibir comida recogida por el Banco de Alimentos de Mallorca.
Este es el nuevo perfil del demandante de ayuda humanitaria que ha surgido a raíz de la aguda crisis económica derivada de la pandemia de coronavirus, según esta organización comprometida con la lucha contra la pobreza.
Desde primeras horas, furgonetas y camiones de entidades y comedores sociales se acercan al almacén del Banco de Alimentos de Palma para recoger hasta ocho toneladas de productos que llegan a los platos de los colectivos más vulnerables de la isla.
Esta fundación, ubicada en las instalaciones de Mercapalma, repartió el año pasado unas 1.600 toneladas de alimentos que contribuyeron a saciar el estómago de 18.757 personas, y cuya campaña anual de recogida contó con la ayuda de unos 600 voluntarios, explica a Efe el presidente de la entidad en Mallorca, Raimundo de Montis.
Este economista jubilado prevé que el índice de pobreza en Mallorca empeore en las próximas semanas por los efectos de la pandemia, con una subida hasta el 23 % que contrasta con el índice de pobreza del 15,4 % del año pasado, por lo que en tiempos de covid cree que se superará el 21,8 % de la crisis de 2008. «Esto se va a poner mal», apunta.
Antes de decretarse el estado de alarma, el Banco de Alimentos daba respuesta a 62 entidades sociales, cifra que aumentó semanas después, con un total de 101 asociaciones adheridas a esta iniciativa debido a «la demanda excesiva» que se registró durante el confinamiento y que aún se nota ahora, cuyos lotes de alimentos llegan ya a unas 24.000 personas con pocos recursos.
De lunes a jueves, un veintena de voluntarios, la mayoría jubilados, destinan parte de la mañana a clasificar y repartir los alimentos que entran en el almacén. Muchos de ellos, al ser consideradas personas de riesgo, no pudieron pisar las instalaciones en la primera ola de casos en el país, si bien la actividad de la fundación no paró «ni un día» durante la crisis sanitaria.
De Montis también recuerda que los propietarios de restaurantes y establecimientos hoteleros de Mallorca que echaron el cierre durante el confinamiento donaron a la fundación las existencias que tenían para responder a la demanda de una temporada turística que no cuajó.
Con la crisis del coronavirus son muchos los españoles, padres de familia que están en ERTE desde marzo, con una hipoteca que pagar, que recurren a la solidaridad del Banco de Alimentos, según el presidente de la entidad.
Pese a las dificultades, la fundación ya prepara su campaña anual «Operación kilo» para el próximo noviembre, con ciertos cambios por la situación actual, pero que permitirá, como cada año, que aquellas familias con menos recursos puedan tener sobre la mesa algo que comer los días señalados de Navidad. «Por suerte la sociedad mallorquina es muy solidaria», dice De Montis.
Insiste en que, antes de tirar un producto a la basura, hay que diferenciar entre la fecha de caducidad y la de consumo preferente. Lamenta que «la ley balear es muy dura porque cuando pasa la fecha de consumo preferente, el producto se tira», si bien considera que muchas veces aún se podría consumir porque no ha caducado.
Cada mallorquín desecha una media de 30 kilos de comida cada año, que supone un despilfarro de unas 64 toneladas anuales solo en Baleares. A nivel nacional, esta cifra alcanza las 1.300 toneladas, provenientes en su mayoría de los hogares, seguido del sector productivo y, en menor medida, de los hoteles y la restauración.
«Aquí no se tira nada. Si una entidad que pide cada semana paquetes de leche tiene suficientes en sus reservas, se reparte sí o sí a otra entidad que lo necesite», dice De Montis, que por el momento respira aliviado porque el banco, gracias a las continuas donaciones de particulares, entidades sociales y supermercados, consigue tener el acopio de alimentos suficiente para afrontar un posible aumento de la demanda este otoño.