Noemí Pereda Beltrán fue nombrada coordinadora de la comisión de expertos sobre explotación sexual a menores tutelados del IMAS después de que el catedrático inicialmente propuesto, Jorge Carlos Fernández del Valle, renunciase a hacerlo. Pereda (Barcelona, 1975) es directora del Grupo de Investigación en Victimización Infantil y Adolescente (GReVIA) de la Universidad de Barcelona donde es profesora titular de victimología, especializada en la infancia en riesgo.
¿Que se sepa, hay 16 niñas en Mallorca que están bajo la tutela del Consell al considerar que su familia no puede velar por ellas, que han sido explotadas sexualmente, ¿cree que han fallado las administraciones?
— Esto sucede en todos los colectivos, pretender que el sistema de protección de menores proteja por completo es una visión muy naíf del problema porque los explotadores buscan a los niños más vulnerables, además puede producirse la misma situación en una familia.
Baleares, que lidera la cifra de medidas judiciales juveniles y la notificación de situaciones de maltrato infantil, tiene a más de un 22% de los menores en riesgo de pobreza, ¿eso ayuda?
— Sí, pero el motivo principal por el que se cae en la explotación sexual, según todos los estudios internacionales (nacionales no hay), es la vulnerabilidad emocional. Les ofrecen afecto, atención y recursos emocionales. Así que realmente la parte económica es secundaria. Aunque en un contexto de pobreza puede haber más casos no es el motivo principal, es mucho más perverso.
Aún con el informe de la comisión y con las nuevas medidas ¿podría volver a pasar?
— Sí, claro. Según la comisión europea uno de cada cinco niños sufre abuso sexual intrafamiliar. Llevamos años con el mismo problema y mientras no haya más formación, sensibilización, medidas sociales, una intervención efectiva... Seguiremos teniendo violencia. La finalidad es llegar al abuso cero pero seamos realistas, seguirán habiendo casos. Es similar a la violencia de género, lo que no significa que no se pueda reducir.
¿Una de las críticas que se han hecho es que el informe que coordina no dirima responsabilidades, ¿qué opina?
— La comisión de investigación tenía tres objetivos: evaluar si los protocolos habían servido y si se respetaban los tiempos de respuesta; otro era hacer propuestas de mejora y el tercero emitir el informe. Pedir responsabilidades corresponde a otro tipo de comisión, no quiere decir que no sea necesaria, pero no era nuestra función.
¿Está a favor de hacer una auditoría al IMAS, como reclaman algunos grupos de la oposición?
— Es importante que se haga una evaluación de las medidas que se tomen, es decir, cómo funcionará el nuevo centro o los protocolos y que lo haga una comisión objetiva que suele venir de la universidad para ver si funciona o no, pero en ningún caso pido una auditoría al IMAS, yo no soy nadie.
¿Han detectado un problema de coordinación entre los centros y las fuerzas de seguridad?
— Una parte del estudio son las entrevistas a profesionales de centros tutelados y a los chicos, y dicen que muchas veces la respuesta no es tan ágil como si el niño viviera con su familia. Hay estudios que demuestran que hay una visión de estos chicos como si fueran ‘listillos de la calle' y justamente son los más vulnerables. Esta percepción existe en determinados sectores profesionales, de seguridad y de justicia, que los ven como niños más espabilados a los que no hace falta correr para ir a buscarlos cuando es lo contrario.
¿Qué opina de las medidas sanitarias de la pandemia de la COVID-19 respecto a los niños?
— La visión de las autoridades ha sido adultocéntrica, de hecho el Ministro Illa dijo que eran supercontagiadores cuando hacía meses que se demostró que no era así. Durante el estado de alarma no podían salir a hacer cosas que los adultos sí hacían, hubo una violación absoluta de los derechos de los niños. Después mejoró pero ahora ¿cómo es posible que siendo los espacios exteriores más seguros que los interiores, mantengamos abierto un bar y no un parque?