La historia de Unió Mallorquina en los tribunales termina este lunes en la Audiencia Provincial. Las decenas de procedimientos judiciales en torno a cargos de la extinta formación se cierra con lo que ha sido el destino de la mayor parte de piezas separadas en las que se dividieron los procesos: un acuerdo, multas, retiradas de acusación y sin penas de cárcel.
El que cierra la causa es un fleco abierto en 2013 que investigaba si el Consell Insular benefició a las empresas que se encargaban del mantenimiento de autopistas en el año 2006. De los siete acusados que llegan al juicio, sólo dos serán condenados. A cinco se les retiran los cargos por parte de la Fiscalía Anticorrupción y del Consell Insular, entre ellos a la exgerente de Emaya, Malén Tortella. La calificación inicial del ministerio público elevaba las peticiones de cárcel a los seis años. Finalmente aceptarán penas un funcionario de la institución y un empresario. El primero, ya jubilado, asumirá un delito de prevaricación, que sólo implica una inhabilitación simbólica y, el segundo, acepta ser condenado por estafa pero la pena de prisión se le sustituye por una multa. A ambos se les reconocen atenuantes por el retraso injustificado en la tramitación de la causa y por haber devuelto el dinero, en este caso alrededor de 15.000 euros.
La acusación queda concretada en que, durante los cinco años en los que estuvo en vigor el contrato, el responsable de la empresa enviaba a menos trabajadores de los estipulados en los pliegos al mantenimiento de las autovías de Andratx y Llucmajor.
Las causas en torno a Unió Mallorquina arrancaron en el año 2006 con las primeras denuncias por el ‘caso Can Domenge' y arreciaron en el bienio 2009 a 2011 cuando se sucedieron una decena de operaciones policiales de Anticorrupción. Los primeros juicios llegaron entonces. Tras las sentencias y duras condenas a Maria Antònia Munar, Miquel Nadal y Francesc Buils, entre otros, el resto de causas siguieron un mismo patrón: el del acuerdo. Así, la mayoría de piezas de casos como Voltor han terminado en pactos, multas y sin que se acumularan penas de prisión. Otras sonadas operaciones, como ‘Picnic', que terminó en el registro de la formación y que forzó su disolución final, acabaron en archivo al no haberse acreditado los delitos que se investigaban.
El ‘caso Voltor' se zanjó con el último juicio la pasada primavera y sólo quedaba esta pieza, que estaba en el Juzgado de Instrucción 5 y que llevaba más de un año a la espera de juicio. El acuerdo llegó en el último momento cuando se habían señalado ya dos semanas para la cebración del juicio.