La Audiencia Nacional confirma que el Govern tiene que pagar al Estado 18,2 millones de euros por no justificar en qué gastó los fondos que aportó la Secretaría de Estado de Turismo a para la remodelación de Platja de Palma.
El Gobierno destinó al consorcio para la remodelación de la zona más de catorce millones de euros tras un convenio que se firmó en 2009. En 2016 se requirió a la autonomía para que justificara los gastos, la Secretaría de Estado consideró insuficientes las facturas aportadas y reclamó un año después los catorce millones más otros cuatro de intereses. El tribunal ahora desestima el recurso que presentó la administración autonómica contra esta resolución. En primer lugar porque las facturas que presentó el Govern corresponden a estudios, trabajos técnicos y de asesoría.
La Audiencia Nacional considera que «no se justifica la conexión con la reparación de infraestructuras urbanas» que era lo que se financiaba en parte del convenio. También desestima que se presentaran facturas de una serie de cursos sobre nuevas tecnologías: «Ninguna relación se aprecia con obras orientadas a la modernización del sector turístico. Se trata de actuaciones sobre el medio físico para mejorar las condiciones del turismo en aquella zona».
El Govern también pretendía en su demanda evitar el pago de intereses y criticaba que el ministerio se arrogara una posición de superioridad y no de igual a igual como miembros del consorcio. La sentencia desestima todas las peticiones autonómicas que, podrá alargar el pago con un posible recurso ante el Supremo.