El Govern balear ya ha comenzado a notificar multas por no cumplir con la normativa autonómica anti-COVID-19. Fuentes de la Conselleria d'Administracions Públiques explicaron ayer que esta misma semana se ha comenzado a apercibir a los infractores del inicio del procedimiento administrativo que, previsiblemente, acabará con una propuesta de sanción. Estas mismas fuentes añadieron que de momento se han notificado «los casos más graves, aquellos contra locales y establecimientos que más reiteradamente han incumplido la normativa».
De acuerdo con la estrategia diseñada por el Govern, la Direcció General d'Emergències es la encargada de tramitar las multas por vulnerar la normativa anti COVID-19, cuyo régimen sancionador –que prevé multas de entre 100 y 600.000 euros, según la calificación de la infracción– fue aprobado el 10 de julio. Desde entonces, operativos compuestos por inspectores del propio Govern, de los consells insulars y agentes de policía han levantado 275 actas por incumplir aforos, distancia de seguridad o uso de mascarilla. Se han realizado casi 439 inspecciones, sobre todo en establecimientos de ocio nocturno.
Los ayuntamientos también pueden también pueden tramitar por su cuenta (al margen de la Direcció General d'Emergències) las actas que levanten sus agentes de policía local. Sin embargo, la mayoría de municipios ha optado por trasladar sus actas al Govern, que será quién tramitará los expedientes y acabe realizando una propuesta de sanción.
Desde Administracions Públiques señalan que mientras los operativos diseñados por la Administración autonómica persiguen «a aquellos que más deliberadamente deciden saltarse la normativa, los que ponen en riesgo a una parte importante de la población», el control de las vulneraciones más leves (como no llevar mascarilla cuando es preceptivo) se ha dejado para las policías locales. El Govern recuerda asimismo que si objetivo no es la recaudación, sino evitar los contagios.
El equipo de personas que tramita los expedientes derivados de las actas por incumplimiento de la normativa antiCOVID-19 está formado por funcionarios de Administraciones Públiques y de otras conselleries. El Govern asegura que el servicio no está colapsado.
El 112 movilizará la Policía a instancias de los rastreadores
Una disposición incluida en la resolución publicada ayer en el BOIB establece que las autoridades que detecten incumplimientos deberán comunicarlo al 112, que si lo estima podrá movilizar a la Policía.
Esta disposición estaba pensada para los rastreadores (que controlan los aislamientos y cuarentena), pero se ha decidido extenderla al resto de «autoridades».