La lucha contra el urbanismo ilegal en la Agència de Defensa del Territori (ADT) ha provocado la demolición de 346 edificaciones ilegales en suelo rústico entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de junio de este año. La ADT es un organismo creado por el Consell hace una docena de años. No obstante, estuvo prácticamente inactiva hasta 2017, fecha en que se le dio un impulso para intensificar la lucha contra el urbanismo ilegal.
En 2017 se ejecutaron 81 derribos. En 2018 fueron 97 y en 2019 la cifra subió hasta los 124. En el primer semestre de este año se habían efectuado otros 44.
El Consell destaca que las 346 demoliciones se han ejecutado en la gran mayoría de municipios –en todos excepto Palma, Santa Margalida, Escorca, Banyalbufar, Consell, Lloseta, Inca, Costitx, Sineu, ses Salines y Vilafranca– y que han sido «más numerosas» en aquellos que tienen delegadas sus competencias en disciplina urbanística en rústico desde que la creación de la ADT. El caso más representativo es del Algaida, que encabeza la lista con una diferencia de 25 demoliciones respecto al segundo, Marratxí.
Otro de los aspectos destacados es que 345 de las 346 demoliciones han sido llevadas a cabo por los propietarios y que en un 93 por ciento de los casos se han podido acoger a reducciones (hasta el 90 por ciento de la multa) porque lo han hecho dentro del plazo voluntario.
466 proyectos desde 2018
El Consell defiende que la ADT «actúa como dinamizador de la economía sostenible» porque su trabajo ha originado la presentación de 466 proyectos de obra y restablecimiento de la legalidad desde el 2018.
Esta actividad «está dando trabajo a obreros, arquitectos, aparejadores, ingenieros agrónomos y abogados» y «está generando nuevos ingresos para los ayuntamientos, puesto que supone la liquidación de tasas e impuestos municipales». No obstante, el Consell matiza que el objetivo principal de la ADT no es recaudatorio.