Alrededor de 2.300 baleares esperan que el Gobierno les reconozca el derecho a percibir el ingreso mínimo vital (IMV), una prestación económica que creó el Ejecutivo de Pedro Sánchez en junio para prevenir el riesgo de pobreza y que debía sustituir en parte la renta mínima de inserción (RMI) y la renda social garantizada (RSG), dos ayudas autonómicas con fines parecidos.
Quien gestiona la ayuda es el Gobierno del Estado. Nada más ponerse en marcha, se reconoció la prestación a 681 beneficiarios de Balears, informa la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago. Según Santiago, se les reconoció la ayuda automáticamente, con los datos económicos de que disponía el Estado. Luego, atendiendo a las solicitudes presentadas, la ha reconocido a otra docena de beneficiarios. Por lo tanto, actualmente en Balears cobran la ayuda unas 700 familias. Sin embargo, la mayoría de estos 700 no percibían ni la RMI ni la RSG.
Las dos ayudas del Govern beneficiaban a unos 8.500 ciudadanos, 6.200 de los cuales eran pensionistas no contributivos. A dichos 6.200, el Govern les sigue complementando la pensión, pero todavía falta que el Estado reconozca el ingreso a 2.300 ciudadanos que recibían la RSG o la RMI. Santiago señala al respecto que su Conselleria ha contratado a 20 auxiliares administrativos para tramitar sus solicitudes, a la espera de que se les apruebe o deniegue. Añade que se les seguirá abonando las ayudas autonómicas hasta que perciban la estatal.
Asimismo, indica que esta situación –el retraso del Gobierno en reconocer el IMV, que se da en todo el Estado– afecta a las cuentas del Govern, que confiaba en reducir la nómina de perceptores de sus dos ayudas con la implementación del IMV.