Medio centenar de empresarios y trabajadores del ocio nocturno se han concentrado este jueves en la plaza de Punta Ballena para mostrar su malestar por el decreto ley puesto en marcha este miércoles por parte del Govern que echa el cierre de forma fulminante a todos los establecimientos comerciales, de ocio y de restauración.
Esta jornada son pocos los turistas que han frecuentado esta conocida calle turística desolada tras el cierre de los locales de Punta Ballena, en Magaluf. La mayoría, jóvenes ingleses y franceses que pasan unos días en la Isla.
Diego Belmonte dirige con su mujer María desde hace 21 años un establecimiento de comida rápida y asegura que esto es «la discriminación más grande en un sistema. Ni Stalin lo hubiese hecho mejor». Por otro lado, un empresario afectado ha chillado «los políticos a la calle» mientras paseaba con su hijo.
Un afectado indica que «este decreto deja en la calle a centenares de familias, sin ingresos y teniendo que pagar el alquiler». Este es el caso de Alejandro García, empresario de cuatro locales de tatuajes que desde este jueves tiene cerradas dos de estas tiendas porque se encuentran en Punta Ballena «Es comprensible que hayan querido cerrar, pero me parece fatal que todos los empresarios nos veamos afectados y encima tendremos que continuar pagando los alquileres», lamenta.
Alejandro Jara considera que la medida es desproporcionada y que no tiene sentido: «No sienten respeto por los empresarios ni ciudadanos. Miles de trabajadores van a la calle»
«Tenemos ahora mismo todos los bares llenos de bebida y comida y ahora me pregunto: ¿Qué hacemos con esto? ¿Quién los paga?».
La portavoz del PP de Calvià, Luisa Jiménez, ha asegurado que «este decreto es una excusa del Govern para ponerse una medalla contra el turismo de excesos». La popular explica que «hay que hacer reformas estructuras mucho más profundas. No se puede cerrar una calle para acabar con este turismo. Los extranjeros siguen llegando y se emborracharon en los lugares colindantes», concluye.
Este miércoles el BOIB publicó el decreto contra el turismo de excesos, que obliga a cerrar a todos los establecimientos de comercio, ocio y restauración situados en Punta Ballena y en las calles de Miquel Pellisa y Pare Bartomeu Salvà, ambas en la Playa de Palma. En principio esta resolución del Govern tendrá una vigencia de dos meses (hasta el 15 de septiembre).
El sector se ha quejado por las restricciones marcadas y asegura que quiere ser parte de la solución del problema que ahora se vive en Mallorca, donde han proliferado la organización de fiestas ilegales o aglomeraciones de personas en eventos privados.