La Plataforma de Psicólogos clínicos del IB-Salut amenaza con emprender medidas legales, tanto administrativas como penales, contra el Govern si no hacen marcha atrás con una resolución adoptada en un marco tan insólito como el decreto de reactivación económica que se aprobó el mes pasado por la vía urgente.
En su disposición 11, el decreto elimina la exigencia de amortizar las plazas de los psicólogos que no cuentan con la especialidad clínica, algo que estos facultativos llevan años reivindicando pues se trata de intrusismo laboral.
«La categoría de psicólogos clínicos se creó en el año 1998 y ya entonces decía que era una especialidad necesaria para trabajar en salud mental», explica la portavoz de la plataforma, Margalida Fiol.
Las comunidades tuvieron entonces siete años para ajustarse a la normativa. En 2005 la mayoría se había adaptado y además se crearon las plazas de Psicólogo Interno Residente (PIR), el análogo de lo que en Medicina es el MIR.
Desde entonces se requiere una especialididad para ejercer, y aquellos que por entonces ya trabajaban tenían que sacarse la especialidad por otras vías. Sin embargo, el reconocimiento de la especialización todavía tardó en formalizarse. «En 2011, el Govern hizo un decreto que aseguraba más tiempo la plaza de los psicólogos clínicos no especializados que estaban ejerciendo, diciendo que podían trabajar hasta que se convocara una oposición».
Y 20 años después de que Sanidad reconociera oficialmente la especialidad, el IB-Salut convocó la primera oposición de psicólogos clínicos con 52 plazas.
A punto de poder ocupar una plaza de su especialidad, los acontecimientos dan un nuevo giro cuando, leyendo la letra pequeña del decreto 8/2020, llamado decreto COVID, surgido para paliar los efectos socioeconómicos de la pandemia, el Govern permite de nuevo que los psicólogos no clínicos que están ejerciendo se queden en plazas para las que no tienen la especialidad. Es decir, «los que trabajan en esta plaza aunque no sean especialistas se quedan, de facto, trabajando siempre», simplifica una enfadada Margalida Fiol. «En 155 páginas esconden, cuelan, el mantener plazas a no especialistas algo que, además de ir contra la ley repercute en la población», añade. Pues recuerda que ya en 1998 se estableció que la salud mental debía ser tratada por estos profesionales.
La plataforma calcula que hay entre 12 y 15 personas que ocupan una plaza sin la especialidad.
Los especialistas piden ayuda a los grupos parlamentarios
La Plataforma de psicólogos clínicos del Servei de Salut ha registrado una petición de reunión con los diferentes grupos del Parlament para enmendar la normativa.
A su vez han solicitado reunirse con los responsables del IB-Salut para que les den una explicación.