Algunos prefieren viajar sin mirar por las ventanillas; si los pasajeros no podemos corregir el rumbo, ¿para qué preocuparse? Otros, en cambio, quieren observarlo todo. Tendrán el mismo destino, pero sabrán por qué. Si usted es de los primeros, si prefiere que no le amarguen, entonces nos vemos la semana que viene. Si, por el contrario, a usted le importa saber a dónde va Baleares tras el coronavirus, prepárese para pasar miedo.
Las autonomías españolas, a diferencia de cualquier institución política bien diseñada, no tienen ingresos propios. Habría sido democráticamente saludable que cobraran al ciudadano los impuestos por sus servicios, de manera que no sólo alardeen de sus realizaciones sino que también sufran el desgaste de pasar la factura en forma de impuestos. En nuestro país, las autonomías viven de los ingresos del estado. Anualmente, dependiendo de lo que recauda Hacienda, cada autonomía se queda con un porcentaje fijado en las negociaciones del sistema de financiación, que debería actualizarse cada cinco años pero que lleva once sin ser modificado.
Los ingresos del estado provienen fundamentalmente de cuatro impuestos: Renta, IVA, sociedades e impuestos especiales (combustibles, tabaco, alcohol, matriculaciones, entre otros). A más se recauda, más toca a cada autonomía; a menos se ingresa, más se han de apretar el cinturón.
En 2020, como ustedes se imaginan, toda la recaudación estatal se está derrumbando. El impuesto de la Renta, que es el menos elástico, el que resiste mejor las crisis, caerá un 16 por ciento, según estimaciones de Hacienda. No hablamos de la declaración que se acaba de presentar, correspondiente a 2019, sino de la que vendrá, donde se reflejará la paralización del país durante esta primavera.
El IVA se hundirá porque el consumo, sin turistas, será muy inferior. Afortunadamente, Baleares no se financia con el IVA recaudado en su territorio sino en el conjunto del país; de haber dependido de la recaudación local, este año estaríamos en la ruina.
El impuesto de sociedades podría caer en 2020 más del sesenta por ciento, porque este año no hay beneficios que gravar. Mientras que los impuestos a las matriculaciones de coches, al consumo de gasolina o al tabaco van a reducirse en proporción a la caída de las ventas de coches, del tráfico y, en general, de la actividad de la economía.
Podemos esperar una caída de los ingresos de nuestra autonomía en torno al veinticinco por ciento. Al mismo tiempo, nuestros gastos son inelásticos: cada año nos gastamos hasta el último euro presupuestado e incluso, para hacer algunas modestas inversiones, tenemos que acudir al impuesto sobre alojamientos turísticos.
Baleares gasta todo su dinero en cuatro partidas. La más costosa, que está más fuera de control, es la sanidad. Es un gasto necesario, pero en parte mal gestionado. Ya me dirán por qué en Francia cobran diez euros por consulta, para desincentivar los excesos de visitas innecesarias al médico, mientras que en Baleares hasta nos horroriza cobrar por el carnet del IB-Salud. Naturalmente, llegará un día en que alguien deberá decir que pagar 700 euros por una guardia médica –una, veinticuatro horas– es un disparate, por más que todos admiremos a los médicos, que se han convertido en uno de los poderes fácticos que chantajean sistemáticamente a los políticos. El segundo gran concepto de gasto autonómico, que además es inservible porque no cumple la función por la que pagamos, es la enseñanza. La derrota de Bauzá a manos de los camisetas verdes nos está costando un dineral a cambio de nada. Otro sindicato que nos tiene cogidos. El tercer concepto de gasto de Baleares es el enorme aparato burocrático público, de utilidad mínima. Y, finalmente, la Conselleria que se lleva más dinero, la que más nos cuesta, es el servicio de la deuda, pese a que los tipos están bajísimos.
Caída de ingresos e imposibilidad de recortar gastos, salvo que se introduzca una legislación especial: la tormenta perfecta, que le dicen ahora. Este es el escenario de los próximos años en Baleares. Ante ello, los agentes sociales firman acuerdos para la reconstrucción que en realidad son un reparto de estudios con los que financiarse.
La pura verdad es que nuestras empresas y trabajadores, los de siempre, tendrán que sacar la economía balear adelante, mantener a los zánganos de sus patronales y sindicatos y, además, arrastrar al Govern, para que todo el sector público mantenga sus privilegios en medio del empobrecimiento general.
Que nuestras instituciones son una carga ya lo sabíamos; que encima se presenten como nuestra salvación, me indigna.