Un funcionario judicial fue agredido el jueves por la mañana en Palma cuando intentaba entregar la notificación para un lanzamiento en un negocio del polígono de Can Valero. El episodio ha hecho saltar las alarmas en distintos ámbitos judiciales, que contemplan cómo los encargados de entregar documentos judiciales se enfrentan de forma habitual a situaciones agresivas por parte de los que tienen que recibir lo que, por lo general, son malas noticias.
En el caso del jueves hay una persona detenida por parte de la Policía Nacional ante un posible delito de atentado. El funcionario pertenece al Servicio Común de los juzgados de Palma que es el órgano que centraliza las ejecuciones de desahucios y lanzamientos ordenados por los juzgados de Primera Instancia. Por la mañana, el funcionario acudió a una nave para comunicar a los inquilinos una orden de lanzamiento, es decir, la fecha en la que tienen que abandonar las instalaciones.
Agresividad
Cuando llegó y se identificó como funcionario judicial, los dos hombres que había en el interior del establecimiento reaccionaron de forma muy agresiva y se negaron a firmar el documento, algo inútil porque, en cualquier caso, quedaría ya notificado. El funcionario salió e intentó dejar el escrito para que constara la notificación y, en ese momento fue agredido por una tercera persona que le dio un golpe, además, le metieron los documentos arrugados dentro de la camiseta. El funcionario consiguió zafarse y avisó a la Policía Nacional. Cuando los tres agresores volvieron a por él, les dijo que ya estaban de camino las patrullas. Tras identificar a las tres personas y localizar al autor de la agresión, éste fue arrestado.
La agresión es el episodio más grave de los que se han vivido en los últimos meses pero no es la primera vez que ocurre una situación así en Palma. En medios judiciales, se advierte una tensión creciente hacia los funcionarios que trabajan a pie de calle y preocupa que se repitan hechos como estos.
Llamamiento
La letrada de la administración de Justicia del servicio común, Josefa Planells, advierte en un escrito que estos funcionarios realizan un trabajo necesario para que «los juzgados y tribunales puedan tramitar sus procedimientos y atender a los derechos de todos».
También remarca que se trata de agentes de la autoridad que están en el ejercicio de sus funciones: «No puedo más que pedir respeto para con ellos; el ejercicicio de sus funciones, su trabajo no es un capricho personal, representa el ejercicio de un servicio público esencial del Estado». Finalmente añade Planells que «ante un funcionario que realiza su trabajo, no le insulten, no le amenacen, no le agredan, sin ellos, la administración no funcionaría y la sociedad tampoco».