La Sindicatura de Comptes está pidiendo documentación a una serie de centros educativos concertados de las Islas para realizar una auditoría sobre los ingresos extra que reciben estos colegios. El trabajo comenzó a principios de año con media docena de centros de Baleares y el propósito del estudio es hacer un informe exhaustivo sobre el cumplimiento de la normativa en materia de ingresos y saber si verdaderamente la educación concertada es gratuita o no.
La pandemia paralizó los estudios durante unos meses, de forma que la Sindicatura ha ampliado hasta finales de este mes el plazo para que los centros rindan cuentas. La intención es que el informe pueda estar listo en septiembre para que los centros afectados presenten alegaciones.
En la justificación de este estudio, el órgano de fiscalización señala que el objetivo es comprobar si durante este curso escolar se cumple la norma en materia de gratuidad de los centros concertados de Baleares en la enseñanza básica, es decir, primaria y secundaria.
Actividades complementarias
No es una fiscalización de las cuentas de estos centros sino de las actividades complementarias que se realizan en ellos. La Sindicatura quiere comprobar hasta qué punto algunos centros educativos obligan a los alumnos a la realización de actividades complementarias por las que después cobran. Esa obligación para los padres rompería el marco legal de la enseñanza gratuita que deben ofrecer los centros concertados.
La ley establece que ese tipo de centros puede ofrecer actividades y servicios extraescolares, pero todos ellos deben ser voluntarios. Los padres deberían poder elegir, por ejemplo, apuntar a sus hijos a una actividad extraescolar específica en un día concreto si la pagan y no tener la obligación de pagar por todo el trimestre.
Lo mismo debería pasar con el comedor o con otros servicios complementarios que ofrece el centro. La Sindicatura analizará si la percepción de determinadas cantidades en concepto de retribución de las actividades complementarias está autorizada por la administración educativa competente, es decir, por la Conselleria, previa propuesta del consell escolar de cada centro, según figura en el informe donde justifica este estudio.
También se comprobará si la Conselleria d'Educació ha recibido denuncias de padres y madres relativas a esta materia y si se ha iniciado alguna actuación con relación al posible incumplimiento de la normativa vigente. La Sindicatura también vigilará a la Conselleria para ver si realiza comprobaciones periódicas sobre la gratuidad de estos centros y verificaciones de que se cumple la legalidad.
El órgano de fiscalización ya hizo un informe parecido durante el 2014, pero quedó incompleto porque se comprobaron los expedientes de una serie de centros muy concretos pero solo con la información que aportó la propia Administración por lo que ahora se amplía.