Terraferida ha criticado este sábado que el decreto ley 9/2020, de protección del territorio, aprobado hace unas semanas por el Govern y que, previsiblemente, validará este martes el Parlament, «en realidad solo protege a 5.251 hectáreas frente a las 51.700 que dice proteger el Ejecutivo autonómico», después de haber podido calcular parcelas y superficie afectada mediante Sistema de Información Geográfica (SIG).
Según ha informado este sábado el portavoz de Terraferida, Jaume Adrover, «según cálculos del Govern este decreto protege a 51.700 hectáreas de suelo rústico, lo cual es un 15% del mismo, pero en realidad las parcelas inedificables son 1.489, que ocupan 5.251 hectáreas».
Además, ha añadido, «el 50% de las parcelas que el Govern afirma haber protegido, ya están edificadas, lo que se ha podido acreditar con la ficha catastral». Por tanto, ha sentenciado, «el suelo rústico protegido en Mallorca no se incrementa un 15% como dijo el Govern de Baleares, sino que lo hace en un 1,4%, es decir, una décima parte».
En este sentido, Adrover ha explicado que la diferencia de cifras se debe a que el Govern ha calculado la protección del suelo rústico, atendiendo a espacios ya inedificables --AANP, ANEI, ARIP boscoso, APT y AT-C-- y delimitaciones de APR vigentes.
Este hecho, ha opinado, «indica falta de rigor y precipitación al aprobar el decreto sin conocer su alcance real y publicitar una protección que en gran medida no existe».
Además, ha añadido, «esta protección escasa se explica por la carencia de ambición proteccionista del Govern en el ámbito político y por el artículo 4.2.2 del decreto ley 9/2020, el cual dice que «en parcelas incluidas parcialmente dentro de las APR se pueden autorizar edificaciones siempre que no se emplacen en la superficie incluida en la mencionada área. A efectos de edificabilidad, la superficie a considerar será la totalidad de la parcela».
Sin embargo, ha matizado, «la realidad es que la mayoría de estas parcelas en Mallorca no están íntegramente incluidas en esta figura y, por lo tanto, pueden seguir edificándose dentro de la parte de la parcela no afectada por el ámbito del APR. En la mayoría de casos, pues, el decreto ley solo indica en qué parte de la parcela no se puede edificar, pero sigue siendo edificable», ha explicado.
Por este motivo, ha destacado Adrover, ya se advirtió al Govern del alcance real del decreto días después de su aprobación con el fin de enmendarlo. «Les volvemos a solicitar que tengan en cuenta las cifras de Terraferida para enmendar el decreto ley lo antes posible y con carácter retroactivo para evitar lo que ya ha sucedido, un alud de peticiones de licencias que podría acabar consiguiendo el efecto contrario al deseado».
Asimismo, preguntado por cómo valora la actitud de la oposición frente a este decreto, ha matizado, «las críticas por su parte son infundadas porque ni tan siquiera se han preocupado de verificar el alcance de aquello que descalifican». «En lo que respecta al suelo rústico este decreto es técnicamente legal», ha añadido.
Con todo, el portavoz de Terraferida ha considerado que el decreto ley del Govern queda «completamente descafeinado» y ha apuntado a que el modelo de protección que proponen es que todo el suelo rústico sea no edificable en Baleares, tal como ocurre ya en Menorca, donde se protegió íntegramente el medio rural de la edificación con su Plan Territorial en 2003.
«Actualmente todo el mundo reconoce que fue un acierto histórico que ha permitido conservar agricultura, usos y paisaje haciéndolo compatible con el resto de sectores económicos, incluido el turismo», ha destacado.
«En Mallorca hacemos tarde. Al suelo rústico le decimos así por no llamarle edificable de baja intensidad pero lo cierto es que se ha convertido en una gran urbanización de lujo y con este decreto lo único que se consigue es reducir las dimensiones de las grandes edificaciones, cuando nosotros apostábamos porque no se hiciera ninguna más», ha concluido.