El Consell de Govern ha aprobado este viernes un decreto ley para adaptar la renta social garantizada al ingreso mínimo vital. Así lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior la consellera de Afers Socials, Fina Santiago.
«Las personas primero tendrán que solicitar el ingreso mínimo vital y sino tienen derecho la renta social puede ser una alternativa», ha explicado la consellera, que ha dejado claro que no desaparece la renta social garantizada.
Además, ha precisado que se modifica la edad de la renta social y se pasa de poder solicitarla las personas mayores de 45 años que vivan solas a los 23 años; la pueden solicitar todas las familias. Además, sólo se requerirá un año de residencia en Baleares, frente a los tres que se exigían hasta ahora.
Santiago también ha explicado que se modifican las cuantías percibidas y se incrementarán ligeramente; se notará especialmente cuando haya menores, si sólo hay adultos la diferencia es mínima. «Estamos haciendo un esfuerzo económico para equiparar las dos prestaciones», ha manifestado. Se mantienen los requisitos de estar apuntados al SOIB y tener un plan de ocupación.
Santiago ha recordado que la renta social garantizada complemente las pensiones no contributivas con 115 euros mensuales. También se podrán complementar otras unidades familiares, para lo que se ha creado una comisión que valorará anualmente qué unidades de convivencia se pueden complementar.
Santiago también ha anunciado que la renta mínima de inserción quedará derogada porque las personas que la perciben podrán beneficiarse de la renta social garantizada o del ingreso mínimo vital.
En relación a la gestión del ingreso mínimo vital, Santiago ha asegurado que Baleares está preparada para tramitarlo si el estado quiere. No obstante, ha precisado que hasta que no se haya consolidado y se sepa la cuantía es mejor que lo gestione el Estado para que las comunidades no tenga que asumir la diferencia si la cuantía no es suficiente.