La consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, explicó este lunes que no es partidaria de pedir la gestión directa de la nueva renta mínima que aprobó el Consejo de Ministros el pasado viernes. La consellera señaló en el programa Al Dia de IB3 Ràdio que teme que suceda lo mismo que con las ayudas a la dependencia. Cuando se puso en marcha este servicio, el acuerdo era que se financiara a medias entre las comunidades autónomas y el Estado. La realidad ha sido muy diferente y Baleares paga en estos momentos el 84 por ciento del dinero de la dependencia.
«Somos capaces de gestionar las ayudas, y de hecho llevamos cuatro años haciéndolo, pero, por nuestra experiencia, creemos que es mejor no aceptarlo si no se firma antes un buen convenio con el Gobierno», dijo Santiago.
Otras comunidades sí gestionarán directamente la ayuda. Serán el País Vasco y Navarra, hecho que ha provocado duras críticas a Pedro Sánchez por parte de presidentes de comunidades como Galicia, Andalucía o Valencia.
Que pague el Gobierno
Santiago insistió en que prefiere que la comunidad haga los informes de valoración de las peticiones, pero que la nómina de la renta mínima la pague el Estado.
La consellera anunció que el Govern trabaja en la modificación de la renta social garantizada para adaptarla a esta renta mínima. El Govern complementará con fondos propios algunas de las ayudas fijadas por el Ministerio.
Calculó que unas 8.500 familias de las Islas podrán beneficiarse de la nueva ayuda que ha puesto en marcha en Gobierno central. Hasta que la nueva ayuda no se ponga en marcha, el Govern seguirá pagando las nóminas, que han aumentado a más de 15.000 con la crisis de la COVID-19.