La Asociación de Promotores Inmobiliarios de Balears (Proinba) afirma que el decreto ley del Govern sobre las medidas urgentes para el impulso de la actividad económica «no solventa» la emergencia de vivienda asequible en las Islas.
«A pesar de la extensión del documento y de los objetivos propuestos en él, lamentamos que no haya ninguna disposición dirigida a la actividad promotora inmobiliaria. Esto no nos sorprende, más aún con la nula participación que hemos tenido en el consenso publicitado por el Govern con el mencionado decreto», señala Proinba.
No acaba aquí la queja de los promotores, ya que afirman que «esta indiferencia hacia las empresas de nuestro sector no es lo más grave. Lo que es más decepcionante es constatar que el sector de la construcción juega un papel pasivo a remolque de la iniciativa privada o pública en otros sectores (turístico, náutico o de juego) que sí pueden verse impulsados con estas medidas».
Inseguridad
El presidente de Proinba, Luis Martí, puntualiza que estas medidas que benefician a otros sectores «no lo son para el nuestro, ya que el régimen excepcional de la declaración responsable no será aplicable a las obras de nueva planta».
Esta situación, según Martí, «implica que se perjudique gravemente la construcción de vivienda asequible, ya que en el incremento de superficie edificada en un 15 % no se permitirá para la reforma o rehabilitación de edificios para la construcción de VPO».
La patronal afirma que se limita la actividad y, además, «el decreto no resuelve de ningún modo el problema de acceso a la vivienda de gran parte de la clase media de las Islas», puntualiza Martí.
En cuanto a las medidas de agilización administrativa, la patronal apunta que «al fin nuestros gobernantes» constatan que son necesarias medidas de rango legal para clarificar y simplificar las obligaciones que la normativa vigente impone a las administraciones públicas de Balears. Sin embargo, «la dicha es corta cuando no contemplamos ningún avance general, sino más bien actuaciones muy determinadas que responden más bien a intereses de la propia administración que a los intereses de los administrados».
No acaba aquí la queja, ya que los promotores inmobiliarios afirman que el Govern «ha ignorado la propuesta del sector de la construcción», que se postulaba como un sujeto activo de la reactivación económica a corto plazo de las Islas, con una apuesta de inversión privada de más de 2.000 millones para el desarrollo de 10.000 viviendas en suelo urbanizable a precio asequible (entre 150.000 y 250.000 euros).