Las piscinas comunitarias podrán abrir a partir del lunes si Baleares entra en la fase 2, pero las condiciones que ha puesto el Gobierno para la apertura complican tanto la medida que los administradores de fincas han advertido de que las mayoría de las comunidades de propietarios no podrán cumplir estas exigencias.
El Consejo General de Colegios de Administraciones de Fincas envió este martes un comunicado en el que considera que será imposible controlar que el aforo no pase del 30 por ciento, como marca el protocolo aprobado por el Ejecutivo.
También hay problemas con el papel del socorrista porque su competencia se limita a controlar la piscina, pero no los accesos ni los limites de asistencia.
Problemas de horarios
La norma del Gobierno establece que se deben fijar citas previas y horarios predeterminados para el acceso. «No es posible gestionar citas previas sin personal o, al menos un teléfono y la inmensa mayoría de las comunidades de propietarios carecen de ambos recursos», explican los administradores en un comunicado.
Aseguran que será enormemente complicado establecer este sistema de turnos cuando en este momento ni siquiera se autoriza la posibilidad de celebrar reuniones de propietarios. Los administradores de fincas piden la posibilidad de hacer juntas virtuales y flexibilizar los requisitos para la toma de decisiones.
El protocolo de piscinas fija también que, en las zonas de estancia de los usuarios, se debe establecer una distribución espacial para garantizar la distancia de seguridad de al menos dos metros entre los usuarios mediante señalas en el suelo limitando los espacios.
Los agentes de la propiedad señalan que, si tienen que marcar y delimitar todos estos espacios, la zona disponible para el disfrute de los usuarios se reduce del tal forma que el aforo real puede ser muy inferior al obligatorio, hecho que causará enormes problemas.
Se encarecerá el coste del servicio
Los administradores de fincas aseguran que todas estas condiciones que ha puesto el Gobierno para la apertura de las piscinas tendrán una consecuencia directa: se encarecerá el coste del servicio.
la orden de sanidad se refiere, claramente, a piscinas públicas. Los administradores de fincas patinan, una vez más. Las piscinas comunitarias se pueden usar.